LOÍZA– Mientras el Departamento de Hacienda admite que no puede pagar reintegros a tiempo por falta de liquidez, el Gobierno podría “regalar” $32.6 millones al desarrollador Joel Katz por 62 cuerdas de dunas y manglar inundable en Vacía Talega, donde por ley federal no se puede construir ni una habitación de hotel. 

Esa fue la denuncia que hicieron este jueves líderes comunitarios agrupados bajo la Corporación Piñones se Integra (COPI), entidad que censura la intención del Estado de expropiar los terrenos donde Katz pretendía construir el complejo turístico-residencial Costa Serena. La objeción responde a que, según el análisis del grupo, esa tierra está en la franja marítimo-terrestre y es de dominio público. 

“Esto agravaría más la crisis económica. Estamos hablando de pagar más de $30 millones de dinero público por un lugar en el que nunca se habría podido construir, para comprar terrenos que, por su definición y características, son del pueblo”, argumentó Maricruz Rivera Clemente, portavoz de COPI en conferencia de prensa. 

Sin embargo, el Departamento de Justicia, a través de la licenciada Sofía Rosado Wojna, aseguró que la intención del estado no es pagar esa cantidad.

"Se afirma de manera enfática que el Estado no quiere pagar $32.6 millones a PFZ por ese terreno", sostuvo Rosado Wojna.

"El caso está subjudice (viéndose en los tribunales) por lo que no se puede comentar más al respecto. El Departamento de Justicia está comprometido con el litigio vigoroso de este pleito, por lo que insistirá para que sólo se pague la justa compensación por los terrenos que se expropien", aseveró.

Katz preside la firma PFZ Properties, que por al menos 20 años ha intentado sin éxito construir distintas versiones de Costa Serena en el litoral loiceño.

La portavoz recordó, además, que el desarrollador figuró como testigo en el caso por extorsión y soborno contra el convicto exsenador Jorge de Castro Font y admitió haberle entregado miles de dólares en efectivo, a cambio de evitar acciones nocivas a sus intereses. 

La más reciente denuncia de COPI es que, tras años de disputa legal entre el Gobierno y PFZ Properties, la jueza Mabel Ramón Millán, de la sala de expropiaciones del Centro Judicial de San Juan, examinará en su fondo la controversia, explicó el licenciado Juan A. Giusti, quien funge como asesor del grupo.

Aunque no hay fecha aún para el juicio, “queremos que el pueblo esté al tanto. Esto hay que fiscalizarlo fuertemente”, señaló la líder comunitaria Milagros Quiñones. 

“Exigimos al Departamento de Justicia (DJ) y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que busquen los mecanismos legales que hagan falta para que se detenga este robo a mano armada al pueblo”, reclamó Rivera Clemente.

Giusti reconoció que ambas agencias han sometido múltiples reclamos a los foros judiciales, con el fin de no pagar la citada cifra, que calificó de “inflada”. Los abogados del estado también han procurado que en el caso de expropiación se reconozca que el Tribunal Supremo invalidó en 2012 una Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F), en la que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) había endosado el proyecto de Costa Serena. 

La invalidación de la DIA-F fue una victoria judicial para la Asociación de Residentes de Piñones, que impugnó en 2007 el permiso que había emitido meses antes la JCA. 

En declaraciones escritas, el subsecretario del DRNA, Julio Méndez, aclaró que la agencia está en desacuerdo con el valor que se la asignó a los terrenos durante la gestión del exsecretario Daniel Galán Kercadó y que así lo ha hecho constar en el caso, aún pendiente en los tribunales.

“Durante la actual administración, el Departamento de Justicia (en representación del DRNA) solicitó a los foros judiciales que se considere una nueva tasación realizada por la agencia, ya que la tasación presentada en el cuatrienio pasado de $32.6 millones no corresponde a los valores de tasaciones anteriores ni con la más reciente”, señaló Méndez. 

A la vez que se libraban estas batallas en corte, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) emitió nuevos mapas en los que la costa en disputa se identificó como inundable y susceptible a marejadas ciclónicas, lo cual convirtió en inviable la construcción, contextualizaron los denunciantes.

Sin embargo, hasta el momento, la jueza de la sala de expropiaciones ha denegado la petición del Gobierno de tasar nuevamente los terrenos para tomar en cuenta estos factores. 

“Hace falta una litigación vigorosa de parte de Justicia y, si es necesario, que sigan apelando”, urgió Giusti.

¿Cuánto valen los terrenos?

Uno de los puntos centrales del caso judicial es cuánto valen las tierras en las que la firma de Katz procuraba erigir un condohotel, con piscinas y áreas comerciales. Según el expediente presentado por COPI, en 2007 los propios tasadores de Katz indicaron que valían $5.15 millones. 

“Pero, de forma inexplicable y en una acción digna de un acto de magia, en el 2012 el DRNA bajo (el entonces secretario) Daniel Galán Kercadó presentó una nueva tasación de $32.6 millones”, recordó Rivera Clemente. Esta cifra supone un aumento de seis veces la valoración original. 

“Como en un juego de ‘pitcher y catcher’, Katz se allanó esa misma tarde”, agregó la loiceña sobre la postura que emitió PFZ Properties en una vista procesal del 10 de abril de 2012.

No obstante, días después, el 17 de abril de 2012, el DRNA presentó una moción para desistir de la expropiación por falta de dinero para costearla. 

Tras múltiples movidas de las partes, el 26 de junio de 2013, abogados del DJ informaron que el Gobierno había decidido continuar con el caso de expropiación.

Para los miembros de COPI, empero, el eje de la polémica no es cuánto el estado debe pagar por las tierras, sino el hecho de que el proyecto es inviable y que consideran “un chanchullo” la noción de que a una firma privada se le considere dueña legal de tierras públicas.

“El Gobierno debe pedirle a Joel Katz que pruebe la titularidad de ese terreno”, lanzó Rivera Clemente como desafío.

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