Al advertir que las mujeres serán el sector poblacional más afectado por la política de austeridad fiscal del gobierno, el Caucus de Mujeres del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) reclamó este domingo que se implante la perspectiva de género en la política pública y que se adopten medidas que promuevan mejores condiciones para las féminas. 

Según Marisabel Román y Coraly León, portavoces del Caucus de Mujeres del MST, la posible reducción de la jornada laboral en el gobierno, así como otras propuestas que se han ventilado para flexibilizar las condiciones laborales pondrían una carga mayor entre las mujeres. 

“En gran medida, todas estas decisiones y estas políticas que se están tomando en contra de la clase trabajadora van a tener un peso mayor sobre las mujeres. De por sí, cuando vemos las personas bajo nivel de pobreza, alrededor del 54% de esas personas son mujeres, y en su mayoría son jefas de familia, así que la familia entera depende de ese único ingreso. Estamos hablando de una situación de mucha precariedad para las mujeres en Puerto Rico”, subrayó León. 

“El gobierno de Puerto Rico somete a las mujeres a violencia económica, a sufrir el desmantelamiento de derechos laborales. Sabemos que el gobierno es el empleador principal de mujeres”, agregó. 

Con la intención de censurar la política pública de la administración de Alejandro García Padilla y visibilizar situaciones de violencia institucional en contra de las féminas, el Caucus de Mujeres del MST protestará el lunes, 23 de noviembre, a las 4:30 p.m., frente a la sede del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), en el Centro Gubernamental Minillas, en Santurce. La manifestación se realizará en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre. 

“El BGF es uno de los escenarios donde se crean, a puerta cerrada, políticas públicas que tienen un efecto directo en las mujeres, sin consultarnos, sin hacernos partícipes y sin tan siquiera incluirnos en el análisis”, manifestó Román sobre el escenario seleccionado para realizar la protesta.

“Melba Acosta (presidenta del BGF) es mujer, pero ella no representa a la mujer trabajadora, no representa a las mujeres pobres del país, por eso es una de las personas que estamos denunciando”, añadió.

Señaló también a García Padilla y a los legisladores del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista como “responsables y cómplices de la crisis de la violencia que someten a las mujeres”. 

Ambas socialistas clamaron por que se adopte la perspectiva de género, no solo en la educación pública, sino en todos los ámbitos de la política que impulsa el Estado. 

“En la práctica, las políticas que se dan son machistas. Si no se tiene una perspectiva de género, se obvia cómo esto afecta a las mujeres, a las personas de la comunidad LGBTQ (lésbica, gay, bisexual, transgénero y queer). Es bien importante que nos incluyan y nos tomen en consideración porque también somos ciudadanos y ciudadanas, y muchas veces, se obvia que tenemos necesidades y que es importante que se tomen en consideración”, expresó León.

“Es bien importante que se enmarquen las políticas públicas desde la perspectiva de género porque visibilizan cosas que normalmente no se ven, que normalmente se obvian, se descartan o no se ven como prioridad. La salud de las mujeres debe ser prioridad, la calidad de vida de las mujeres tiene que ser prioridad. La prioridad tiene que dejar de ser la deuda”, abundó la portavoz del grupo de mujeres del MST. 

Tanto Román como León plantearon como ejemplo de la violencia institucional contra las mujeres la reciente enmienda que sufrió un proyecto de ley de la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, para que se mantuvieran de manera confidencial las estadísticas de obstetras relacionadas con el número de cesáreas que practican. La intención de la pieza legislativa era precisamente que se divulgara esa información para que las mujeres pudieran tomar decisiones informadas al seleccionar su cuidado médico. 

“Es preocupante cómo las políticas públicas en Puerto Rico no están creadas para proteger la salud de las mujeres, y eso va en deterioro”, puntualizó Román, estudiante de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.