La propuesta legislativa para legalizar el uso medicinal o terapéutico de la marihuana recibió hoy, martes, el endoso de los departamentos de la Familia y de Justicia, que ofrecieron su apoyo acompañado y condicionado a que se le introduzcan algunas enmiendas.

La Policía de Puerto Rico, mientras tanto, adelantó que si esa fuera la política pública que adopta la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, cumplirían con sus disposiciones.

“El Departamento de la Familia ha analizado cuidadosamente la medida de referencia. La misma, de convertirse en ley, legalizaría el uso medicinal de la marihuana en Puerto Rico, siguiendo una tendencia mundial que va en aumento”, expuso la secretaria Idalia Colón en la ponencia que presentó ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

“Informamos que apoyamos la medida, haciendo unas recomendaciones sobre su alcance y la manera en que se pondrá en vigor”, agregó.

Recordó Colón que, de aprobarse esta legislación, no sería la primera vez que en Puerto Rico se establece un sistema controlado de distribución de sustancias controladas con un fin médico y terapéutico y trajo la atención al programa que mantiene la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (Assmca) desde los años setenta para combatir la adicción a la heroína, mediante la utilización de la metadona.

Entre las propuestas que presentó Familia para incluir en el proyecto, incluyó que, aunque la certificación sea anual, se le requiera al paciente notificar sobre su condición cada seis meses “de manera que el Estado tenga información actualizada y pueda determinar si se justifica continuar dispensando la marihuana”.

Recomendó además que la persona que actúe como “acompañante” de un paciente que, por su condición, no pueda acudir a los centros de distribución, se someta a pruebas periódicas contra el uso de drogas.

Además de los requisitos de rotulación y empaque, se sugirió que se regulen los precios que se puedan cobrar por la marihuana dispensada.

Por su parte, el secretario de Justicia, César Miranda, reconoció en el escrito que se presentó ante la misma comisión cameral, que la determinación legislativa de promover el fin normativo especifico del uso medicinal de la marihuana de manera limitada, "indudablemente constituye un ejercicio legítimo de esta amplia autoridad otorgada a la Asamblea Legislativa por nuestros constituyentes”.

Agregó que el Departamento de Justicia es de opinión que la propuesta legislativa necesita ser enmendada para mayor especificidad y para establecer restricciones legales adicionales.

“Así enmendada, no tendríamos objeción para que en Puerto Rico se adopte la política pública salubrista contenida en este proyecto de ley”, afirmó Miranda.

Tranquillas federales

Específicamente, Justicia llamó la atención sobre la legislación federal sobre este tema y la necesidad de que el proyecto cumpla con esas normas.

“Solo así se evitara que el Departamento de Justicia federal persiga invalidar o levantar cuestionamientos sobre la viabilidad de esta iniciativa legislativa y su efectividad en la práctica”, dijo Miranda.

La ponencia de Justicia reconoce que, aunque el uso y posesión de la marihuana es completamente ilegal a nivel federal, “lo cierto es que no se le prohíbe a los estados -ni al Estado Libre Asociado de Puerto Rico - aprobar leyes que dispongan para su uso personal, sea medicinal o no medicinal”.

Insistió, sin embargo, que la legislación tiene que cumplir con las “ocho prioridades” del gobierno federal en este tema.

Esas prioridades, indicó, son 1) prevenir la distribución de la marihuana a menores; 2) prevenir que las ganancias por la venta de la marihuana vayan dirigidas a bandas criminales, pandillas y carteles; 3) prevenir la desviación de la marihuana del estado donde se haya permitido su uso legal a otros estados; 4) prevenir que el manejo autorizado de la marihuana se utilice como pretexto para ocultar el tráfico de otras drogas ilegales u otra actividad ilegal; 5) prevenir la violencia y el uso de armas en la actividad de cultivo y distribución de la marihuana; 6) prevenir el conducir drogado y la exacerbación de otras consecuencias adversas para la salud pública que se relacionen con el uso de la marihuana; 7) prevenir los cultivos en tierra o propiedad pública para evitar el riesgo a la seguridad pública y ambiental que ello conlleva; y 8) prevenir la posesión o el uso de la marihuana en propiedad del Gobierno federal.

El examen del proyecto, según Justicia, reveló que sus disposiciones, según presentadas, “solo atienden cinco (5) de las ocho (8) prioridades federales que la legislación local debe garantizar”.

Miranda concluye el escrito afirmando que en “términos generales consideramos que la medida contiene una loable intención salubrista que en principio cuenta con nuestro aval, deferencia que condicionamos a que se atiendan los señalamientos que hemos realizado en esta ponencia”.