Se asoman cambios para la División Legal de la Administración de Familias y Niños (Adfan) –agencia que opera bajo la sombrilla del Departamento de la Familia (DF)– con el desmantelamiento de la cooperativa de abogados que se creó en esa área tras la decena de despidos ocasionados por la medicina amarga de la Ley 7 que impulsó el ex gobernador Luis Fortuño.

En su lugar, el DF retornará a la vieja práctica de contratación de abogados que trabajen exclusivamente para la agencia. Se espera poder emplear entre 31 y 35 letrados.

Así lo adelantó a Primera Hora la directora de la División legal de Adfan, Olga López Báez, al indicar que los cambios podrían ocurrir en agosto, luego que se apruebe el presupuesto para el próximo año fiscal.

Una de las agencias del DF que más sufrieron los estragos de la Ley de Emergencia Fiscal fue precisamente Adfan cuando despidieron a 33 abogados que se encargaban de litigar en los tribunales casos de maltrato a menores y de personas de edad avanzada.

En aquel entonces el caos sacudió a la agencia –pues cada licenciado tenía un promedio de 150 casos– y, para tratar de alivianar el golpe, el DF contrató a la Cooperativa de Servicios Legales de Abogados (Cosel). Estos, a su vez, subcontrataron a varios letrados despedidos y a otros abogados de la práctica privada. Documentos de la Oficina del Contralor en poder de Primera Hora indican que Cosel tuvo contratos por más de $4 millones entre julio de 2010 y abril de 2013.

Mientras se concretan los nuevos planes, tan reciente como ayer se renovaron los contratos profesionales con Cosel, solo que esta vez el compromiso de trabajo vence el 30 de junio.

“Se hizo una enmienda y el contrato actual será por dos meses, empezando desde hoy (ayer)... además, les hablamos a la junta de Cosel sobre la posibilidad de que se vuelvan a instituir a los abogados y abogadas del Departamento, que era como funcionaba con la Ley 7”, dijo López Báez.

¿Se considerarán a los abogados de Cosel?”, le inquirió Primera Hora a la licenciada, considerando los reconocimientos que se les hicieron en el pasado a las gestiones realizadas por los miembros de la cooperativa, quienes atienden un aproximado 6,000 casos anuales.

“El reclutamiento se hará conforme a la ley y los interesados serán entrevistados... y quiero aclarar lo siguiente: las evaluaciones de los abogados no son uniformes en todas las regiones. Hay abogados buenos de Cosel y hay abogados que definitivamente no son tan buenos. Y lo que queremos es la excelencia y la lealtad a la agencia. Queremos personas que estén dedicados todo el tiempo a los casos del Departamento. En ese sentido, los compañeros de Cosel que estén dispuestos a cumplir con esto pueden ser entrevistados”, manifestó.

Los rumores de los cambios que se avecinan crearon incertidumbre entre algunos de los abogados de Cosel, según dijeron fuentes internas del DF a Primera Hora.

“Ayer estuve en sala con un cliente de privación de patria potestad y el abogado le dijo al juez que no sabía si seguiría en el caso, pues no sabía si le renovarían contrato. Lo peor de todo esto es que se dilatan los procesos. En este caso, hablamos de una mamá que no ha cumplido con su rehabilitación y de un nene que lleva tres años con nosotros y que pudiéramos dar en adopción. Ciertamente, nos crea tensión a todos”, dijo la trabajadora social de la región de Bayamón, que prefirió no ser identificada.