El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) destinó el cuatrienio pasado cerca de $5.3 millones de la Ley de Reinversión y Estímulo Económico (ARRA, en inglés) para la contratación de empleados por servicios profesionales.

A pesar de que la ley federal se aprobó con el objetivo de impulsar la economía y la creación de empleos mediante el desarrollo de infraestructura, bajo la administración de Miguel Romero se empleó parte de esos recursos para la contratación de varias firmas que ofrecían servicios de asesoría y efectos tecnológicos.

El senador José Nadal Power, presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas, que investiga el uso que se les dio a los fondos ARRA, aclaró este martes que la utilización de esos recursos para los servicios profesionales no constituye necesariamente un acto ilegal, pero solicitó a Dimarie Méndez, procuradora del Trabajo del DTRH, que someta ante ese organismo legislativo información adicional para conocer si el uso de los dineros fue autorizado.

"Solicitamos un desglose de cómo se usaron los $5 millones en contratos de servicio profesional que se pagaron con fondos ARRA. Esos fondos estaban destinados a mantener plazas de trabajo y reactivar la economía mediante obras de infraestructura. Hay que verificar que hayan estado autorizados", dijo Nadal Power a este medio tras concluir la vista pública.

Méndez precisó que el DTRH recibió un total de $17.6 millones entre los años fiscales 2009 al 2011, de los cuales se han usado $16.7 millones. Los recursos del gobierno federal se destinaron para el Negociado de Seguridad de Empleo y el Negociado de Estadísticas de esa agencia.

La funcionaria destacó que, en el caso del Negociado de Seguridad de Empleo, los fondos ARRA permitieron agilizar los procesos de reclamaciones por desempleo y servicios relacionados, que experimentaron un alza el pasado cuatrienio ante el recrudecimiento de la crisis económica y los miles de despidos provocados por la Ley 7 de emergencia fiscal en el 2009.

La Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas también analiza el manejo general de los fondos federales en las agencias, y durante la audiencia indagó sobre la clasificación de "alto riesgo" que recibió el Programa de Empleados Agrícolas Migrantes del DTRH. Ello, en momentos en que se registra un repunte en la tasa de desempleo y que el Gobierno busca reactivar la economía agrícola.

El senador popular por San Juan también requirió datos adicionales para conocer si la adversa clasificación obedece a que los fondos federales no fueron solicitados, fueron mal utilizados o no fueron consumidos.

"Eso preocupa porque estamos hablando de personas que pueden ser contratadas para labores agrícolas... Todo esto es dinero que entra a la economía, no es gastar por gastar. Lo importante es que la economía se beneficie de ese flujo de fondos, ese dinero nuevo que entra, y aquí estamos en una tarea de reactivación de la economía, y esto (los fondos federales) es un componente que hay que considerar, y a medida que no los solicites o los tengas que devolver, no le estás haciendo bien al país", subrayó Nadal Power.

El senador popular anticipó que en las próximas dos o tres semanas someterá un informe parcial sobre la investigación legislativa con hallazgos preliminares, y luego del período de evaluar el nuevo presupuesto, retomará los trabajos con miras a radicar un informe final al concluir este año.