La propuesta legislativa para permitir que los empleados públicos reduzcan voluntariamente un día de su jornada laboral de trabajo quedó pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes, luego que la pieza fuera derrotada durante la votación final de la sesión legislativa de este jueves.

El Proyecto de la Cámara 1984, de la autoría del representante popular Efraín Rivera de Jesús, no consiguió los 26 votos requeridos para pasar el cedazo cameral al obtener 24 votos a favor y 21 en contra. Sin embargo, tan pronto fue derrotado, el representante de mayoría Luis “Narmito” Ortiz solicitó la reconsideración de la medida, y quedó pendiente de acción posterior.

Durante la sesión de este jueves estuvieron ausentes los representantes populares Rafael Hernández Montañez, Brenda López de Arrarás y el renunciante Nelson Torres Yordán, al igual que otros tres legisladores de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Queda en manos del portavoz cuándo se volverá a traer a votación”, manifestó a los medios el representante popular Ángel Matos luego de la sesión.

La medida, que recibió un informe positivo de la Comisión cameral de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público, establece que los empleados gubernamentales tendrían la opción de recortar su jornada laboral, y podrían hacerlo eliminando un día de trabajo en la semana, o reduciendo la misma cantidad de horas, pero distribuidas a lo largo de la semana.

La reducción de la jornada laboral conllevaría un recorte de 20% del salario del funcionario. No obstante, continuarían haciendo sus aportaciones al Sistema de Retiro como si laboraran la jornada completa.

“Mediante esta ley, se procura fomentar que los servidores públicos y sus respectivos patronos puedan llegar a acuerdos voluntarios de reducción de jornada laboral, que redunden en beneficios para aquellos empleados que lo requieran, siempre y cuando no se afecte la prestación de servicios a la ciudadanía”, reza la exposición de motivos del proyecto de ley.

“Lo anterior permite mejorar las condiciones de empleo de los servidores públicos sin erogación de fondos adicionales. Por el contrario, la reducción de jornada con su correspondiente ajuste salarial permite al patrono gubernamental generar ahorros tan necesarios en momentos como estos de crisis fiscal”, agrega.

El proyecto dispone, además, que el acuerdo para recortar la jornada “nunca será por un término menor de dos periodos de pago de su nómina, y podrá dejarse sin efecto por el empleado, a su discreción, o por el patrono, por necesidades del servicio”.

Si el empleado solicita que se le restituya la jornada completa, el patrono no podrá negarse.

La Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) sería la agencia encargada de elaborar el reglamento, si la medida se convierte en ley. Esa entidad pública mostró reservas en torno a la pieza cuando fue discutida en vistas públicas porque en el 2005 se aprobó mediante Orden Ejecutiva el “Programa de Oportunidades de Horario Reducido para los Empleados Públicos”, que persigue objetivos similares.