La presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, informó esta tarde que acogió la recomendación del Departamento de Justicia de investigar al alcalde de Guánica, Martín Vargas Morales, por denuncias relacionadas la solicitud de sobornos a un contratista a cambio de contratos con el municipio.

En un comunicado ciculado poco después de las 3:00 de la tarde, Cotto Vives informó que designó a los FEI Emilio E. Arill y Rubén E. Falú para que investiguen el caso y rindan el informe correspondiente en un plazo de 90 días.

El caso llegó ante la consideración del PFEI referido por el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, quien recomendó la designación de un FEI contra el alcalde saliente de Guánica por las denuncias contenidas en una querella por presuntamente haber solicitado y recibido dinero de parte del convicto por narcotráfico y exempresario Edison Burgos Montes a cambio de otorgarle contratos con el municipio.

Somoza envió el referido al PFEI el viernes pasado ante "posibles actuaciones delictivas en el desempeño de sus funciones" como alcalde del municipio sureño.

Las acusaciones contenidas en la que ella fueron hechas por el convicto expolicía Neftalí Corales Casiano, otrora mano derecha de Burgos Montes en la empresa Burgos Heavy Equipment Corp.

En agosto pasado, Corales Casiano señaló que “era el que entregaba dinero y recogía dinero del dueño de la compañía (Burgos Montes) para depositar y pagar los sobornos al alcalde Vargas”.

 También indicó que el alcalde supuestamente recibía un porciento de los contratos que daba a Burgos Montes, ahora un preso federal.

 Este es el segundo referido que llega ante la consideración del PFEI. El primero se produjo en mayo pasado, cuando Corales Casiano alegó que el alcalde lo había agredido.

Según el comunicado, la presidenta del PFEI indicó que la fiscal auxiliar Alicia Martínez Juarbe, del Departamento de Justicia, fue quien tuvo a cargo la investigación preliminar sobre la querella y, en su informe concluyó que “existe causa suficiente para creer que el alcalde Martín Vargas Morales incurrió en violaciones a los artículos 202 A y 209 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, y el Artículo 262 del Código Penal de Puerto Rico de 2004. Asimismo, violentó las disposiciones de los artículos 3.2 (c) y (e) de la Ley de Ética Gubernamental de 1985”.

La licenciada Cotto Vives informó que, conforme al contenido del informe de investigación del Departamento de Justicia, presentado el 14 de diciembre de 2012, y a base de la evaluación del PFEI, "el organismo resolvió, ordenó y designó a licenciado Emilio E. ArilI como Fiscal Especial Independiente y al licenciado Rubén E. Falú Allende como Fiscal Delegado, para que realicen una investigación a fondo sobre este caso".

 De igual forma, se notificó que el PFEI también acogió la recomendación de Justicia de no asignarle un fiscal al alcalde de Loíza, Eddie Manso, por una querella por presuntamente haber utilizado materiales y empleados municipales para fines político partidistas durante horas laborables.

En el documento enviado al PFEI, Somoza explicó que tras la investigación realizada por las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor, se concluyó que “no existe causa suficiente para concluir que el Alcalde...cometió delito grave ni menos grave incluido en la misma transacción ni los derechos civiles, la función pública y el erario público. Por consiguiente recomendamos que no se designe un FEI en este asunto”.

El informe de dicha división indica, entre otras cosas, que las obras de construcción de la tarima se realizaron fuera de horas laborables y que el material utilizado para dicha construcción no era propiedad del municipio.

Cotto Vives, informó que el Panel resolvió, con fecha del 19 de diciembre de 2012, concurrir que lo recomendado por el Secretario es correcto y se acogió el informe sometido por el Departamento de Justicia y “determinamos no designar un Fiscal Especial Independiente contra el alcalde Manso Fuentes”.