Si de algo están convencidos los opositores a la privatización del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, es que las luchas exitosas se llevan a la calle y, si es necesario, al extremo de desobediencia civil.

Así lo dejaron establecido ayer cientos de ciudadanos aglomerados bajo la organización Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto (Pueda), en medio de una manifestación que se llevó a La Fortaleza en busca de que el gobernador, Alejandro García Padilla, desista de la transacción de una alianza público-privada (APP) que pondría en manos de la empresa mexicana Aerostar Airport Holdings la administración y operación del principal aeropuerto del país por un periodo de 40 años.

La marcha que partió a la 1:40 p.m. de la plaza Colón se llevó a cabo a escasos 10 días de que se venza el segundo plazo solicitado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para emitir una decisión final sobre la transacción. Simultáneamente, la Comisión cameral de Gobierno realiza una investigación sobre la APP, la cual espera culminar esta semana.

“Nuestro mensaje es sencillo pero contundente... por eso nuestra participación es de vital importancia en todo este proceso. Tenemos que echar a correr la creatividad. Promover y realizar toda clase de actividades, incluyendo la desobediencia civil”, dijo Juan Camacho, portavoz de Pueda, a la multitud que participó del piquete.

El líder de la organización –quien estimó la participación de unas 3,000 personas en la marcha– agregó que, como parte de la estrategia de oposición, se estaría emplazando a los alcaldes en cuyos municipios hay aeropuertos regionales. Esto tomando como base que recientemente el economista José Alameda proyectó que los aeropuertos de Aguadilla y Ponce perderían $230 millones y $147 millones, respectivamente, durante los primeros 14 años del contrato, debido a la reducción de vuelos y a unas limitaciones de desarrollo que enfrentarían estas instalaciones.

“Podemos participar en vistas públicas, escribir cartas, contactar a contactos partidistas, podemos abrir página en Facebook o tuitear, pero es la calle lo que nos va a dar la solución. Este contrato puede estar firmado desde julio de 2012, pero lo vamos a detener nosotros independientemente de lo que diga el gobernador, la FAA, Aerostar o de que haya que pagar la penalidad que haya que pagar...”, advirtió Camacho al convocar a los presentes a otra manifestación de pueblo el próximo domingo, 24 de febrero, precisamente, frente al aeropuerto.

En julio pasado, en plena campaña eleccionaria, García Padilla dijo que, de salir electo, se comprometía a revisar los términos de la APP y advirtió que si le parecía un buen negocio, lo apoyaría. Tras ser elegido como gobernador, expresó que el acuerdo tenía unas deficiencias y que había que renegociar unas estipulaciones. En cambio, ha sido firme en darle continuidad a la transacción bajo el argumento de que resultaría oneroso para el Gobierno desistir de la APP.

Ayer, ni el primer ejecutivo ni miembros del Gabinete recibieron a los manifestantes. De hecho, en su cuenta de Twitter, García Padilla escribió que se dirigía a un juego de béisbol en Coamo.

En cambio, un popular que sí dijo presente fue el representante Luis Vega Ramos, quien siempre ha mantenido postura de oposición a la APP en el aeropuerto internacional.

“La privatización del Luis Muñoz Marín era mala antes y sigue siendo mala ahora. Estoy manifestándome hoy aquí en oposición a la mala decisión del gobernador Luis Fortuño y pidiéndole a mi gobernador, García Padilla, que la deje sin efecto... esto le cuesta empleos y es un mal negocio para el pueblo de Puerto Rico y, por eso, no debe proseguir”, dijo el legislador, quien fue abucheado por los presentes que entonaron a son de plena varias consignas, entre ellas unas que decían: “Luis Fortuño lo firmó, y Alejandro lo aprobó” y “Sean azules o sean rojos, privatizan a su antojo”.

Entre las organizaciones participantes en la manifestación estuvieron la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas de la Autoridad de los Puertos, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) y la Unión de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), entre otras.

Cabe destacar que no se permitió el paso al Palacio de Santa Catalina, donde más de una decena de policías custodiaban el área detrás de unas vallas de seguridad.