Antes de que se corriera la voz y el asunto se convirtiera “en un tema de qué hablar” la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, reveló el caso de despido de un inspector de la policía municipal que, alega, incurrió en acoso sexual tras enviar un video pornográfico en un chat de Whatsapp donde se impartía instrucciones a oficiales de seguridad de la ciudad capital.

El incidente trascendió de forma inesperada por parte de la Alcaldesa, quien explicó que los hechos se remontan al 8 de marzo de 2017 (Día Internacional de la Mujer) cuando el inspector Heriberto Pagán Concepción, quien llevaba laborando 31 años en la Policía Municipal,  envío a un grupo de la red social -al que pertenecían 22 personas- un vídeo con una mujer sin ropa, con sus senos al descubierto y moviéndolos al son de una música que repetía el estribillo “good morning”. En el grupo receptor, explicó Cruz, estaba como participante una sargento que se sintió humillada y ofendida por el vídeo, por lo que presentó una querella en el Municipio contra Pagán.

La Alcaldesa dijo que advino en conocimiento luego que el exvicealcalde del municipio (Rafael Jaume) le notificara lo ocurrido. El asunto le indignó, dijo, al asegurar que tras confrontar verbalmente al inspector y éste presuntamente admitir el envío del material obsceno, se procedió a desarmarlo y suspenderlo sumariamente de sus labores en San Juan por razones de haber cometido faltas graves al reglamento de la Policía Municipal.

Tras la acción disciplinaria el caso se refirió a la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), la cual tiene jurisdicción para ver apelaciones de funcionarios públicos con capacidad de arresto. En su análisis la CIPA determinó mediante una resolución con fecha del 29 de diciembre de 2017 que Pagán “observó una conducta desordenada en detrimento de la Policía Municipal” y que el vídeo que envío al grupo de empleados fue uno “lo suficientemente ofensivo”.

En cambio, los miembros de la CIPA concluyeron que no hubo un acto de hostigamiento sexual porque el mensaje fue enviado a un grupo de 22 personas y no únicamente a la querellante, por lo que recomendó como medida disciplinaria 90 días de suspensión de empleo y sueldo. La Comisión emitió, además, una orden de restitución de empleo al inspector y el pago total o parcial de los salarios dejados de recibir por éste desde que fue despedido.

“CIPA dice que a pesar de que él lo admite, como pasó una sola vez pues que el municipio tiene que recibirlo… nosotros apelamos eso. Entonces, en ese proceso el inspector va a la corte y nos demanda y pone un mandamus que perdimos hace unos días y que vamos a seguir peleando hasta llegar a la Corte Suprema si es preciso”, advirtió Cruz sobre la sentencia emitida el pasado 31 de julio por la jueza Lauracelis Roques Arroyo, del tribunal de San Juan, quien ordenó al Municipio a cumplir con la resolución hecha por CIPA.

La demanda contra la Alcaldesa y otros funcionarios fue incoada el pasado 7 de marzo y el inspector reclama $750,000 por daños y perjuicios alegando, entre otras cosas, que la destitución fue una “ilegal, caprichosa, represiva y arbitraria” que le ocasionó pérdida de bienes y de su crédito, así como “angustias mentales”. El abogado del demandante es José Avilés Lamberty.

Eufórica la Alcaldesa dijo que será la corte quien la obligue a decirle a las mujeres del Municipio de San Juan que si un hombre comete un acto de hostigamiento sexual, ella debe responderles: “no te preocupes mija que eso fue una vez y más ná… ¡bendito!”.

“¿Cómo le digo yo a esa mujer que seguirá siendo supervisada por él?¿Qué le digo yo a mi hija (si pasa por una situación similar?, ¿Qué no importa, que si te lo hacen una sola vez está bien?, Pues, no”, exclamó.