El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, y la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, sostienen que perderían el 32% y 38% de sus presupuestos, respectivamente, con el recorte millonario de las transferencias que reciben del Fondo General.

Para Coamo serían $4 millones (de $12.5 millones) y para Salinas $4.5 millones (de $12.1 millones) menos, en los próximos dos años. Esta reducción, afirmaron, los dejaría inoperantes y afectaría el servicio que dan a sus ciudadanos en salud, seguridad, deporte, cultura y desarrollo social.

El impacto al presupuesto aumenta –en el caso de Salinas a 49%, según sus estimados- cuando se suman las nuevas aportaciones que tiene que hacer al Sistema de Retiro, el reembolso que dejaría de recibir del Departamento de Hacienda por concepto del bono de Navidad y por la merma en recaudos que anticipa debido a la estrechez que experimentan residentes y comerciantes.

Si se habla de la región sur central  a la que pertenecen -incluyendo a Santa Isabel, Villalba, Aibonito, Juana Díaz y Orocovis-, el recorte dispuesto en el Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal asciende a $31,680,489.

“No se ha medido el impacto. Simplemente, esto es un ejercicio numérico, pero el impacto social es bestial y nadie habla de eso”, sentenció García Padilla.

“Los recortes que se están hablando van a tener un impacto tan mortal en los municipios que quedaríamos inoperantes. Y la preocupación es ¿quién va  a dar el servicio de seguridad, mantenimiento de carreteras, mantenimiento a las áreas recreativas y públicas?”, cuestionó Bonilla Colón.

Ambos coincidieron en que la situación será más grave para los municipios pequeños y medianos fuera del área metropolitana de San Juan, porque tienen mayores índices de desempleo y pobreza, y porque en ellos el ayuntamiento es el motor que mueve todos los aspectos de la vida del pueblo.

“Somos una zona agrícola, los trabajadores ganan menos y tenemos menos industrias. No existe una radiografía de cómo lo que se está planteando va a impactar otras cosas que van a agravar la crisis”, expuso el alcalde.

A nivel isla, el recorte sería de $350 millones y se basa en la exención contributiva que los dueños de residencias reciben por su primera propiedad. Los alcaldes objetan llamarle subsidio argumentando que se trata de una exención al individuo, no al ayuntamiento, y que el dinero se usa para prestar servicios que el Estado no da.

Despidos a la vista

“Por cada millón de dólares que dejamos de recibir, podríamos estar hablando de 50 empleados municipales despedidos en nuestra región (1,550 en total), que ganan un promedio de $20 mil anuales. Y cuando pierdes un empleo directo en el gobierno, pierdes dos en la empresa privada, eso está probado”, dijo García Padilla.

“Este primer año, tendría que despedir 62 personas… porque me estás quitando $1,100,000 y me estás aumentando $400 mil de aportación a Retiro”, agregó.

Coamo tiene 221 empleados y Salinas 210. Al preguntarles si han ponderado la reducción de jornada laboral, contestaron que “todo eso está sobre la mesa”. Sin embargo, sería algo transicional. “Creo que en el segundo año ya no habrá reducción de jornada, sino desempleo masivo. Yo creo que Karilyn va a poder quedarse con 40 o 50 personas, y yo igual”, planteó García Padilla.

Sin chavos para nada

Estos municipios, como tantos otros, realizan aportaciones monetarias y de servicio a equipos deportivos escolares y de pequeñas ligas, actividades comunitarias y eventos culturales.

“Yo tengo más policías municipales que lo que tiene el Estado en Salinas, le damos mantenimiento a las carreteras estatales y municipales, a todas las áreas recreativas, impulsamos la agenda cultural social y deportiva en nuestro pueblo, empezamos con un proyecto de prevención y servicios de salud. Ninguno los da el Estado”, señaló la alcaldesa salinense.

Esas contribuciones y tareas cesarían con los recortes. “No vamos a tener chavos para pagar agua ni mantenimiento de las facilidades, y el asfalto para carreteras se acabó. Lo que me dejaste lo voy a usar para recogido de basura, escombros, seguros públicos, agua, luz, mantenimiento de algunas estructuras, la Reforma de Salud y Retiro”, mencionó el alcalde.

Ambos urgieron al gobernador a presentar ya las opciones que dijo mitigarían este impacto, así como a los legisladores de distrito a otorgar mecanismos en ley.

“Si no se presentan alternativas, tengo que en dos meses identificar recortes que ascenderían a más de $2 millones. En un presupuesto de $12 millones, significa que tendría que afectar el servicio directo”, afirmó Bonilla Colón.

Los alcaldes dijeron estar dispuestos a cortar la llamada “grasa” de sus presupuestos -Bonilla Colón ya identificó $1 millón en ahorros-, pero aseguraron que no será suficiente para equiparar la reducción.

“Hemos impulsado muchas iniciativas para paliar la crisis, estamos cortando gastos y aunque decidamos cobrar por un servicio no vamos a llegar al recorte”, manifestó Bonilla