Detectan serias desviaciones en el municipio de Toa Baja

01/31/2013 | 04:09 p.m.
Las irregularidades están contenidas en un informe de auditoría que abarcó el periodo del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, que hizo público hoy la Oficina de la Contralora.

La contralora Yesmín Valdivieso detectó serias desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación en el Municipio de Toa Baja, relacionadas con las operaciones del gobierno municipal y la administración del presupuesto.

Las irregularidades están contenidas en un informe de auditoría que abarcó el periodo del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, que hizo público hoy la Oficina de la Contralora.

“Dichas operaciones no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”, señala el informe de 47 páginas.

Los hallazgos incluyen entre otros señalamientos, déficits presupuestarios en los fondos operacionales, cargos por sobregiros y por servicios en cuentas bancarias del Municipio y atrasos en la preparación de informes fiscales.

Indica el informe que el Municipio tenía un déficit acumulado en los fondos operacionales corespondiente al año fiscal 2008-09 por $13,494,319; al 2009-10 por $22,695,305 y al 2010-11 por $12,148,653.

También dice que al 30 de junio de 2010 se reflejaban sobregiros por $1,286,215 y que en febrero de 2008, el banco depositario de los fondos del Municipio efectuó cargos bancarios por $210,953 por cheques pagados sin fondos, por cargos por financiamiento y por sobregiros diarios.

El alcalde Aníbal Vega Borges refutó los señalamientos en su réplica  al informe, pero la Contralora le ripostó que “las situaciones comentadas son reflejo de una administración inadecuada”. La funcionaria  además indicó que “las mismas son repetitivas” de otro informe de auditoría del Municipio.

Otros de los hallazgos se refieren a gastos sobreestimados y reajuste presupuestario contrario a la ley; gastos fuera de la norma de utilidad, modestia y necesidad que rigen el uso de fondos públicos ante una situación fiscal precaria; transferencias de crédito contrarias a la ley entre partidas presupuestarias y uso contrario a la ley de los fondos asignados por la Asamblea Legislativa.

Además, se atribuye el pago de deudas incurridas ilegalmente, exención ilegal del pago de patente municipal y arbitrios a un contratista; falta de reglamentación para regir algunas operaciones y deficiencias relacionadas con las recaudaciones.