Acuerdos para pagar sin dilación a proveedores que dan servicios a personas con discapacidades en el desarrollo evitaron hoy, martes, que el juez federal Gustavo A. Gelpí ordenara embargar cuentas del gobierno estatal, como advirtió el pasado viernes.

Durante una reunión encabezada por Gelpí con funcionarios estatales y un representante del monitor federal que tiene la encomienda de proteger pacientes con discapacidades de desarrollo, los portavoces del gobierno consignaron un pago de $1.2 millones, emitido el pasado viernes a los proveedores de servicios para esta población. 

Además, las partes estipularon acuerdos para garantizar que se pague a tiempo por servicios cruciales a pacientes cuyos reclamos forman parte de una demanda que presentó en 1999 la División de Derechos Civiles de Justicia federal contra el Estado Libre Asociado.

El pago emitido el viernes pasado y acuerdos a los que llegaron las partes para asegurar que se pagará a tiempo a los proveedores que dan servicios a personas con discapacidades en el desarrollo, evitó que el juez federal Gustavo A. Gelpí ordenara embargar las cuentas del Gobierno, como había advertido el viernes pasado.

Al salir de la reunión con el abogado del monitor del caso federal y expresidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, los secretarios de los departamentos de Justicia, César Miranda; de Hacienda, Juan C. Zaragoza y de Salud, Ana Ríus Armendáriz, informaron que entre los acuerdos figura agilizar y digitalizar el proceso de pago y realizar los mismos de manera electrónica. En la reunión también participó el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz.

Miranda fue enfático al señalar que los servicios que brindan los proveedores a las personas con discapacidades mentales son "esenciales" y que los atrasos en los pagos no corresponden a la crisis fiscal que afecta el país.

"Hay algo que tiene que quedar claro, esto es un servicio esencial. Nosotros aquí, nadie está recurriendo al tema de la crisis para no pagar. La última dilación que hubo fue por el cambio de pagador del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al Banco Popular. Los cheques se llegaron a imprimir, hubo que cancelarlos y volverlos a emitir, y eso fue lo que causó la dilación. Pero el pago a estos hogares, el Gobierno siempre ha sido muy consciente de la necesidad de que estos proveedores reciban sus pagos a tiempo", aseguró Miranda al salir de la reunión de poco más de una hora. 

Ríus Armendáriz, por su parte, aclaró que al momento de bajar la orden de Gelpí, el viernes pasado, estaban en proceso de buscar el cheque de aproximadamente $1.2 millones correspondientes al pago de febrero. Para pagar las facturas de marzo, tienen hasta el 15 de mayo, indicó.

Miranda, mientras, recordó que el acuerdo entre las partes es que el Gobierno tiene 45 días para emitir el cheque, plazo que empieza a contar una vez se recibe la factura.

"El año pasado, en cinco ocasiones nos excedimos de los 45 días, pero estamos hablando de dos o tres días, cinco días, por diversas razones. Porque la factura no se procesó a tiempo, y por eso estamos tratando de ayudar a los proveedores de servicio a que también ellos sean más eficientes en la forma de facturar y eso es lo que hemos discutido en la mañana de hoy. Buscar formar en que ellos también nos ayuden a pagarles", agregó el Secretario de Justicia.

Zaragoza, por su parte, destacó que los 45 días comienzan a correr una vez llega la factura y termina cuando Hacienda libera el cheque. En la reunión se discutió la posibilidad de revisar el proceso para que la solicitud del dinero le llegue lo antes posible, porque "si son 45 días y la solicitud me llega en el día 40, se me hace difícil cumplir".

"Lo que hicimos fue descomponer el proceso desde la emisión de la factura, que se va a tratar de hacer lo máximo por transferencia electrónica hasta la emisión del cheque, que es lo último. Para hacerlo por transferencia electrónica. En la medida en que se pueda hacer eso, acortamos tiempo", manifestó el titular de Hacienda.

Los funcionarios estatales deberán someter el acuerdo por escrito este viernes, y será entonces que Gelpí lo aprobaría y convertiría en una orden, lo que evitaría el embargo.

El viernes pasado, Gelpí advirtió que emitiría una orden de embargo, si no se pagaba a los proveedores de servicio, esto a raíz de los acuerdos convenidos como parte de la demanda que presentó en 1999 la División de Derechos Civiles de Justicia federal contra el Estado Libre Asociado para hacer valer los derechos de la población de personas con discapacidades en el desarrollo.

Fue entonces que mandó a citar a los funcionarios de gobierno para una reunión de emergencia con Hernández Denton, ya que el monitor del caso, Javier Aceves, no podría asistir a la misma.

“Con mucho disgusto, la moción del Estado Libre Asociado no me deja otra alternativa que no sea emitir una orden de embargo para que se pague a los proveedores de servicio de inmediato. Esta parece ser la única manera en la que los derechos constitucionales de las personas con necesidades especiales en este caso, que data de 1999, pueden protegerse. Si no, el efecto para estos individuos sería devastador y sin arreglo”, expuso Gelpí en la orden.

Anteriormente, Gelpí había mandado a congelar los fondos para el caso de los centros de salud 330. 

Recientemente, el Departamento de Salud solicitó una prórroga para pagar.

La demanda que presentó la División de Derechos Civiles de Justicia federal en 1999 contra el gobierno estatal para hacer valer los derechos de las personas con discapacidades de desarrollo continúa abierta, a pesar de acuerdos a los que llegaron en 2011.

Los departamentos de Justicia federal y local lograron un acuerdo en octubre de 2011 para que se cumplieran con varios requisitos referentes a personas con autismo y síndrome de Down. Entonces, Gelpí nombró un monitor por tres años para velar que se cumpliera con lo establecido, y designó a Aceves como JCC, que es un monitor judicial oficial independiente.

El acuerdo contemplaba aumentar la disponibilidad de hogares comunitarios, ofrecer empleos a esta población y mejorar la accesibilidad de actividades diurnas.

Los secretarios de Justicia y de Salud para aquella fecha, Guillermo Somoza y Lorenzo González, respectivamente, manifestaron que los participantes de la División de Servicios a la Población con Retardo Mental están en hogares custodios o participando en alguno de 52 centros comunitarios, donde reciben clases y terapias. Esto, luego de que padres y madres de 303 participantes se quejaran ante Justicia federal por las condiciones infrahumanas en las que se encontraban sus hijos en seis instituciones, dentro de celdas.

Somoza destacó que el costo del programa originalmente era de $4 millones y que en 2011, aumentó a $40 millones para dar servicio a los 700 participantes de entre 19 y 68 años. En ese momento, indicaron que de 64 recomendaciones que le ordenaron a Salud, faltaban seis, como localizar a 18 participantes pendientes, establecer más hogares comunitarios, ofrecerles empleos y actividades diurnas, dar seguimiento a servicios de salud, mejorar reporte y control de calidad.