La demanda de la administración Rosselló contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debe ser atendida con premura, en un proceso que le costará a las quebradas finanzas del Gobierno por lo menos decenas de miles de dólares, que se celebrará en Nueva York y que terminaría imponiendo el presupuesto del ente creado por la ley federal PROMESA, aunque con enmiendas que reconozcan las leyes vigentes en la isla.

Al menos así lo anticipó el abogado Rolando Emmanuelli, autor del libro “PROMESA”, sobre la polémica ley federal, quien dijo además que el pleito legal no agota todos los recursos sobre PROMESA porque, por ejemplo, y contrario a otros recursos legales como los de las uniones obreras, el Gobierno no está impugnando la posible inconstitucionalidad de la ley que crea la JSF.

“Acabamos de recibir la demanda. Sin haberla leído con detenimiento, lo único que está planteando es una delimitación del ámbito de poder entre la junta y el gobierno central a la luz de lo que es un plan fiscal y el presupuesto. La cuestión central es que el Gobierno alega que puede imponer iniciativas de política pública y, en el presupuesto que está imponiendo la junta, hay unas decisiones que fueron rechazadas por el Gobierno”, dijo el también profesor de Derecho y litigante en casos de quiebra.

“La jueza tendría que definir qué son políticas públicas que el Gobierno puede implantar y definir qué es lo que se puede poner en un presupuesto para imponer un plan fiscal”, agregó.

Lo fundamental en la controversia planteada por el Gobierno ante la jueza Laura Taylor Swain es la sección 205 de PROMESA, explicó. Esta disposición de ley faculta al gobernador a rechazar propuestas de la JSF siempre y cuando dé explicaciones, así que no se impone directamente la voluntad de la JSF.

“Es un pleito para tirar la raya sobre el poder de la junta y el poder del Gobierno. No es un cuestionamiento sobre la base de poderes de la junta, como sería si PROMESA es o no constitucional. Hay planteamientos a nivel federal de si es constitucional, algo que está planteado en varios pleitos por uniones obreras”, dijo.

Otro inciso clave en esta discusión sería la sección 303, dijo la coautora del libro y socia de Emmanuelli, Yasmín Colón Colón. “La jueza va aplicar la sección 303, que establece específicamente que durante todo este proceso de Título III, el territorio o la instrumentalidad territorial mantiene todos sus poderes de autogobierno, incluyendo la manera en que lleva sus gastos. Entendemos que aquí la JSF va a tener que modificar su plan fiscal y eliminar todas las medidas que sean contrarias a lo que el Gobierno aprobó”, sostuvo.

Emmanuelli agregó que, como está PROMESA, la JSF debe operar a base de las leyes estatales vigentes. Y bajo esta premisa de ley ya hubo un precedente en el intento de la JSF de imponer a Noel Zamot para supervisar parte de las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), algo que la jueza rechazó.

“No pudo ir por encima de la ley y reorganizar la AEE”, mencionó.

En esta demanda, sometida en la tarde de ayer, el Gobierno está pidiendo una sentencia declaratoria y un interdicto, remedios que se ven de forma más rápida que otros recursos judiciales. 

Procesalmente, dijo Emmanuelli, lo que pasará es que la jueza y las partes se ponen de acuerdo en un itinerario, que incluya el tiempo que tiene la JSF para responder a la demanda y la cantidad de días que posteriormente tiene el Gobierno de contestarle los argumentos a la JSF. Usualmente se están dando 30 días y el segundo en otros 15, pero en esta demanda es de anticiparse que los periodos sean más cortos, sostuvo.

Asimismo, y luego de sometidas estas mociones, la jueza celebraría una vista argumentativa. Hay una en calendario para septiembre en Puerto Rico, una llamada “ómnibus” donde se repasa el estado de los procesos, pero según el letrado, la jueza probablemente paute otra vista en una fecha más cercana y probablemente en Nueva York, porque las vistas argumentativas bajo PROMESA típicamente se están celebrando en esa ciudad.

Es un pleito en que probablemente participen otras partes interesadas porque pueden solicitar intervenir, y la práctica hasta ahora de la jueza Swain ha sido darle oportunidad de ser oídos a posibles afectados, advirtió el letrado, quien aun en este escenario entiende que el caso se verá con premura.

Colón Colón anticipó que lo que puede ocurrir es que la jueza ordene una recertificación del plan fiscal, en la que la JSF deberá sacar de su presupuesto lo que sea contrario a las leyes estatales vigentes.

Asimismo, habrá una directriz de la jueza a que las partes, sus abogados y asesores deben estar “más abiertos a tratar de llegar a un consenso”, agregó Colón Colón.

“Aquí quien se ve afectado es el pueblo”, dijo Emmanuelli.