En Puerto Rico es tan difícil averiguar cuántos vehículos se han robado en un municipio como con qué tipo de incentivos se atrajo la inversión de una multinacional, según expusieron periodistas y oradores reunidos hoy, sábado, en el Seminario ‘Transparencia y derecho a la información”, convocado por la iniciativa Espacios Abiertos del Centro para la Nueva Economía (CNE) en un hotel del Viejo San Juan.

Narraron que tampoco es tarea fácil descubrir quién está detrás de esa petición de permiso de construcción en la playa o acceder al informe financiero de un juez bajo investigación, porque las excusas de los funcionarios suelen ser las mismas: no hay fondos, no tienen tiempo, los datos son “confidenciales” y hay que seguir un “protocolo”.

Tales excusas son muestras de cómo rutinariamente se viola el derecho a la información, protegido por la Constitución de Puerto Rico, y también de cómo la falta de datos completos y abiertos propicia costosos errores, advirtió Nuria Ortiz, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.

“Si no tienes bases de datos y análisis, no se deben tomar decisiones imitando buenas ideas de otros lugares”, subrayó.

Un ejemplo actual es la reforma contributiva en ciernes, que entre otros cambios, implantaría un nuevo sistema de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) similar al utilizado en numerosos países de Europa y América Latina.

Sin embargo, hasta el momento, el informe de la firma que el Departamento de Hacienda contrató para ese estudio no se ha divulgado, a pesar de las peticiones de ciudadanos y periodistas.

En respuesta a ello, Espacios Abiertos comenzará una campaña titulada ‘Reforma Justa’, que mediante refranes y personajes populares explicará cómo el rediseño contributivo impactará a todo el pueblo, “ya que los impuestos al consumo afectan de una manera desproporcionada a los más pobres”, adelantó Ortiz.

“Muchas veces el mismo gobierno se beneficia de hacer pública la información, pero tenemos que ser estratégicos y astutos para convencerlos de que es así. Otras veces el mismo gobierno no recopila los datos que debería o no los tiene organizados en formato fácil de compartir, pero eso no los exime de su responsabilidad”, puntualizó Ortiz.

“Queremos mirar lo que otros países han hecho y, sobre todo, reflexionar sobre la situación de Puerto Rico y cómo podemos como organización ayudar a lograr una verdadera cultura de transparencia”, agregó.

Para adelantar ese objetivo, el seminario contó con ponencias de importantes activistas por la transparencia como Herb Sturz, asesor principal de Open Society Foundation, y Pablo Collada, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, con sede en Chile.

Además, la periodista Joanisabel González, de la sección de Negocios de El Nuevo Día, expuso los retos de cómo cubrir las finanzas públicas de Puerto Rico y la degradación crediticia, además de los casos de UBS Financial y el choque judicial entre Doral Bank y el Departamento de Hacienda. El periodista Aniel Bigio, por su parte, habló de cuán cuesta arriba fue destapar el proceso de contratación del sistema SIMONE de fotomulta, a pesar de tratarse de una transacción pública.

Espacios Abiertos cuenta con la colaboración, además del CNE, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, el capítulo local de la American Civil Liberties Union y el Centro de Periodismo Investigativo.