Un ambiente de propuestas y de diálogo entre el sector privado y legisladores prevaleció en la audiencia pública que celebró este miércoles, la comisión cameral de Hacienda sobre el proyecto que acompaña el presupuesto del próximo año fiscal y que contiene la ampliación del impuesto a las ventas y uso (IVU) y otras medidas impositivas.

Varias organizaciones empresariales, entre ellas el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Asociación de Industriales, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y la Cámara de Comercio, comparecieron con extensas ponencias en las que expusieron en detalle los efectos adversos que, a juicio de ellos, tendrán las medidas sometidas, tanto sobre la actividad económica y empresarial, como en el bolsillo de los consumidores puertorriqueños.

La mayoría de las agrupaciones presentaron también distintas propuestas que sugieren que se implanten en sustitución de las que contiene el proyecto del Ejecutivo. Algunas de las propuestas que presentaron las organizaciones son:

Centro Unido de Detallistas:

-Aumentar a 6% el impuesto de la Ley 154 (foráneas)

-Colocar IVU a compras que hace el gobierno y las agencias

-Volver al arbitrio general 6% sin exclusiones

Asociación de Industriales:

-Legislar para autorizar uso de tasadores privados para autoimponer una contribución sobre la propiedad inmueble comercial y residencial

-Eliminar los certificados de revendedor a compras hechas por personas con un volumen de negocio menor a un millón y que paguen el IVU en sus compras, a cambio de no tener que remitirlo a Hacienda cuando lo cobren en sus negocios.

-Utilizar estudiantes de contabilidad de las universidades para que asistan al Departamento de Hacienda en las gestiones de cobro

-Incluir residentes de comunidades en un programa para identificar y levantar censo de negocios y que los mismos sean inscritos en el registro de comerciantes

-Bono de cumplimiento a todos los empleados de una agencia que haga una reducción de 5% de los gastos del año anterior.

-Verificar de una forma alterna los ingresos de negocios que solo aceptan efectivo mediante auditorías frecuentes.

-Incrementar todos los marbetes de forma escalonada y no solo los de mayor costo

-Desalentar la evasión mediante un sistema de multas y penas onerosas que incluyan potencial de cárcel.

-Modificar sistema de IVU-Loto para conceder los premios de forma inmediata a la persona, sin requerir corroboración futura.

MIDA:

-Si el IVU-Loto no funciona, eliminarlo y nos ahorramos cerca de $50 millones

-Eliminar la controvertida inspección de furgones “que no ha funcionado para recoger ingresos, ni drogas, ni armas, pero está sacando de nuestra economía para una empresa del exterior $25 millones al año”.

Instituto de Evaluadores:

-Retasar bienes inmuebles a valor de mercado con una tasa contributiva de 1% a 3% de su valor.

-Establecer un tope a las “non profit” y que tributen por los dineros por encima de ese tope

-Aumentar el IVU y eliminar las planillas de contribución sobre ingresos de individuos

-Incentivar o motivar a empresas y personas a adoptar carreteras, servicios, etc. Para eliminar gastos del gobierno.

-Poner a pagar a los profesionales que vienen de EU y de otras partes del mundo a hacer trabajos aquí.

Asociación de Contratistas Generales:

-Desarrollo de un sistema de remisión electrónica del IVU en el punto de venta

-Cualquier nuevo tributo tome en cuenta costos de administración, contabilidad y cumplimiento

-Toda Ley en busca de nuevos recaudos debe tener naturaleza prospectiva. No debe afectar proyectos que no contemplan ese costo en su estimado

-Reducción en el aparato gubernamental y fomentar eficiencia en servicios

La presidenta de la Asociación de Industriales, Waleska Rivera, resumió la respuesta de los empresarios al recalcar la disponibilidad del sector a reunirse con el gobierno.

“El sector privado sí se ha reunido y sí tiene alternativas. No sabemos algunas de ellas como medirlas porque nos falta data y por eso mismo es que decimos que tenemos que reunirnos, tanto gobierno como sector privado, para establecer por donde vamos, de un lado o de otro”, expresó Rivera.

“En el grado que se desconozca cuánto se va a poner en el presupuesto en cuanto a ‘captación’, qué medida (se tomará) para fiscalizar al evasor en otros renglones, realmente nosotros estamos en el otro lado que dice: Yo tengo que aportar, el gobierno va a aportar también, aunque sea con controles”, afirmó Rivera.

La líder de los industriales del país rechazó, desde el punto de vista personal y profesional, la línea que acompaña las propuestas del Ejecutivo, porque “el mensaje que le estamos llevando al país cuando hablamos de que los que tienen mucho deben pagar y los que tienen poco no deben pagar”.

“Tenemos que llevar un mensaje de que tenemos que trabajar. Mientras estemos llevando el mensaje de que hay que dividir, le estamos llevando el mensaje de que sigan donde están, sigan cómodos sin hacer nada. El país está en crisis. Está en crisis económica, pero está en crisis también de principios, de honestidad. Nosotros nos falta honestidad, por eso la evasión”, recalcó en su advertencia Rivera.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández, como el presidente cameral Jaime Perelló, reiteraron ante los portavoces del empresariado que la medida sufrirá cambios sustanciales para atender reclamos de distintos sectores y evitar impactos no deseados.

“Vamos a trabajar esto aquí en una forma de equipo, donde ustedes van a ser parte de este trabajo mano a mano, donde no va a ser exclusivamente parte de contribuciones, es obvio que tiene haber también un compromiso de fiscalización. Lo importante es que haya un balance de todos los compromisos que tenemos la Cámara de Representantes de balancear el presupuesto y los recaudos para poder cumplir con los mismos”, dijo Hernández.

Perelló planteó a los empresarios la posición de apertura del cuerpo legislativo y reclamarles, a la vez, disposición para aportar a la necesidad que tiene el gobierno de levantar recursos para pagar deuda y evitar una degradación del crédito de Puerto Rico.

“La Cámara de Representantes lo que va a buscar al final del camino es lo que sea justo para el consumidor puertorriqueño, lo que sea justo para el bolsillo del puertorriqueño, y ver qué sectores pueden realmente aportar más al desarrollo económico de Puerto Rico y a los compromisos del Estado y qué sectores esto le cierra su capacidad de seguir luchando y compitiendo por mercados en el país”, indicó Perelló.

El dirigente cameral sostuvo que cada movimiento que hacen es basado en más de $700 millones que necesitan para pagar la deuda, “para que no nos degraden el crédito” porque se perjudica el crédito de Puerto Rico y se perjudican los negocios.

El presupuesto actual termina el 30 junio próximo.