La profesora de la Escuela Graduada de Administración Pública del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Palmira Ríos, dijo que los enormes sueldos de diversos jefes de dependencias públicas son contradictorios con la crisis fiscal que vive el país y puede ser motivo de cuestionamiento desde Washington, D.C.

Hoy trascendió que el nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter M. Higgins III, recibirá un sueldo de $450,000 anuales con potenciales bonos adicionales si se logran ciertas metas. La semana pasada se supo que Brad Dean, designado para dirigir la nueva entidad que sustituye gran parte de las funciones de la Compañía de Turismo o DMO, ganará unos $250,000.

Otros que tienen sueldos similares son funcionarios cuyo desempeño ha sido cuestionado, como la secretaria de Educación, Julia Keleher, con $250,000, y el director del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera ($248,500). Otro gran salario que se paga con fondos públicos, aunque no es decisión del gobierno central, es el de altos funcionarios de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), como la directora ejecutiva Natalie Jaresko, con unos $625,000, y Noel Zamot, coordinador de proyectos críticos, quien gana $350,000.

Son salarios altos aquí e incluso al compararlo con el gobierno federal. Por ejemplo, el sueldo del presidente Donald Trump es de $400,000 -menos que Jaresko y Higgins- y la secretaria de Educación federal, Betsy DeVos, tiene un salario de $199,700, menos que su contraparte en la isla.

"En momento en que Puerto Rico está enfrentando una crisis fiscal, más la crisis post huracán, que Puerto Rico está recabando ayudas fiscales, aparecen estos salarios fabulosos en un país en una situación como la nuestra... es difícil de justificarlos", dijo Ríos.

Agregó que se trata de salarios mayores al del gobernador y muy por encima de lo que ganan otros jefes de agencia, lo que establece "una brecha" o "dos niveles de salario que se están dividiendo entre los de aquí y los de allá".

Además, estos salarios pueden ser motivo de cuestionamientos en la capital federal, planteó Ríos.

"Podría un legislador allá fácilmente en Washington preguntar en una vista como se justicia que algunos jefes de agencia ganen más que jefes de agencia en Estados Unidos... son las contradicciones que surgen y que tenemos que estar preparados para responder", indicó.

Al ser cuestionada de que existe una ley que regula los salarios de los jefes de agencia, Ríos dijo que estos salarios se otorgan mediante contratos, precisamente para "evitar la aplicación de las leyes". Exhortó a la Rama Ejecutiva y a la Legislativa a fiscalizar más este tipo de salarios.

Más allá de la academia, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, se trata de nombramientos que afectan la credibilidad del gobernador Ricardo Rosselló y recordó que aún está latente la posibilidad de que la JSF ordene una reducción de jornada laboral.

"Esto añade insulto a la agresión, no es solo de funcionarios que encabezan el desmantelamiento de servicios públicos esenciales, sino que se le está pagando salarios de jeques árabes, en un país empobrecido, enfrentando una crisis fiscal, donde el gobernador pide que todos se ajusten el cinturón, hay una clase privilegiado de funcionarios que el gobernador los trata como si no tuviera cinturón. Eso es un escándalo".

Dalmau dijo que la legislatura no se debe quedar cruzada de brazos y se deben buscar que en los planes de reorganización se establezcan cortapisas para que no se sigan dando estos sueldos.

Además, dijo que la cada vez más común contratación de personas del extranjero, denotan un intento de colocar a personas que no están al tanto de la idiosincrasia y deja en evidencia la condición colonial en la Isla.

"Aquí Estados Unidos está mandando desde 1898 como potencia colonial. Lo que estamos viendo ahora es una presencia directa, ya sea por la JSF o por nombramientos del ejecutivo, es como diría el americano, un take over si disimulo”, expresó el pipiolo.