Las probabilidades de éxito del grupo de siete personas que irían al Congreso a reclamar la admisión de Puerto Rico como el estado 51 de los Estados Unidos son mínimas por el contexto sociopolítico y económico actual de la isla, opinaron ayer dos profesores universitarios.

La llamada delegación congresional estaría compuesta por dos senadores y cinco representantes, copiando el mecanismo del Plan Tennessee que permitió que el entonces territorio reclamara y ganara la estadidad en 1796. El grupo sería creado por el Proyecto de la Cámara 876 (Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico), que ya fue aprobado por la cámara baja y pasó a la consideración del Senado.

El abogado y profesor Reinaldo Otero enumeró tres elementos que, a su juicio, ponen a Puerto Rico en desventaja. El primero es que Tennessee era un territorio incorporado al momento de hacer la solicitud, pero la isla es un territorio no incorporado.

“Tennessee también aportaba al erario, lo que no tenía era representación. Mientras, Puerto Rico no aporta al fisco. Se podría decir que sí contribuye a través de las multinacionales y del pago de Seguro Social, pero el beneficio en ese caso es para el individuo, no para el Estado”, indicó el profesor de ciencias políticas del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

“Además, a pesar de tener una economía basada en mano esclava en la industria agrícola, Tennessee representaba económicamente un activo para la unión. Sin embargo, las probabilidades de éxito de Puerto Rico al usar el mismo mecanismo ahora no creo que sean las mejores porque económicamente no estamos en nuestro menor momento”, agregó Otero en referencia a la solicitud de reorganización de la millonaria deuda pública bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

El licenciado Rubén Nigaglioni, profesor de la Escuela de Derecho de Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, coincidió en que esta acción no llega en el momento más adecuado.

“A mi juicio, no tiene ninguna probabilidad de éxito. Este no es el momento para solicitar la estadidad, dadas las circunstancias económicas. Se va a percibir como una carga para Estados Unidos. Además, ya no existen las razones de la Guerra Fría para admitir a Puerto Rico como estado y creo que no hay disposición de Estados Unidos para tratar este tema”, señaló Nigaglioni.

El profesor Otero dijo que “me parece que el partido de gobierno lo está haciendo para decirle al país que está cumpliendo con un compromiso de campaña y no tanto para tener un logro real. Ellos deben estar claros de que la viabilidad de un plan como este es mínima, por no decir imposible”.

Sobre cómo lograría su objetivo la delegación congresional, Nigaglioni indicó que “sería un grupo de presión que tendría que visitar congresistas y senadores, abogar por la estadidad y tratar de convencerlos”.

“Puede ser un proceso de cabildeo o de desobediencia civil. En Tennessee se presentaron los congresistas en sus respectivas cámaras, reclamaron ser los representantes electos y solicitaron que se les reconociera como tal”, dijo Otero.

Esas siete personas serían nombradas por el gobernador y confirmadas por ambas cámaras. Los requisitos mínimos de edad y residencia en Puerto Rico son los que dispone la Constitución estadounidense. Sin embargo, no queda claro si pueden ser funcionarios públicos.

“Bajo la redacción actual no excluye de forma categoría a funcionarios electos ni a miembros del gabinete”, observó Otero. De acuerdo con Nigaglioni, no deberían serlo.

Otero también resaltó que habría que definir el otorgamiento de inmunidad al grupo, pues el proyecto aprobado por la Cámara establece que sería ejecutiva y legislativa.

“Me imagino que el Senado aclarará el lenguaje porque la inmunidad ejecutiva y legislativa son distintas. Al ejecutivo se le puede demandar y no responde con su dinero, sino que al Estado le toca pagar, pero al legislador no se le puede demandar. Van a tener que concederle una de las dos porque son incompatibles”, evaluó.

La delegación congresional estará adscrita a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) y tendrá la encomienda de pedir la estadidad tomando como base el resultado del plebiscito de 2012 y cualquier expresión futura afín, que pudiera ser la de la consulta del 11 de junio. Para el profesor Otero, eso es una contradicción.

“Si para el gobierno se justifica el reclamo de anexión al amparo de plebiscito de 2012, ¿por qué están convocando un plebiscito el 11 de junio? Estamos viendo que es un discurso contradictorio”, cuestionó Otero.