Tras afirmar que la fusión de las procuradurías generará $3.5 millones anuales en economías, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, aclaró este miércoles que los fondos federales que reciben estas defensorías no se perderán y que la supuesta intención de unificar estas oficinas no es destituir a los actuales procuradores.

Cruz Batista aseguró además que las 60 personas que compondrán los Consejos Directivos no cobrarán un salario por sus funciones, mientras enfatizó en que no se despedirá empleados.

“Tenemos que mirar esto como una tendencia a lo que debemos hacer para tener un gobierno que provea servicios de manera eficiente y efectiva”, sostuvo Cruz Batista.

Las expresiones de Cruz Batista se realizaron en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza cuya intención, según se estableció, era aclarar los mitos que supuestamente se han levantado ante la discusión en la Legislatura del proyecto de ley que crea la Defensoría de Derechos Humanos. Esta dependencia de nueva creación estará compuesta por seis Defensorías Asociadas dedicadas a los siguientes temas: Equidad de Género, Personas de Edad Avanzada, Personas con Diversidad Funcional, Derechos Sociales y Económicos, Derechos Civiles y Constitucionales y Veteranos. Sustituirá la Comisión de Derechos Civiles, y las oficinas de los Procuradores de las Mujeres, de las Personas con Impedimentos (OPPI), Edad Avanzada, Pacientes y Veteranos.

“Las procuradurías, particularmente aquellas que reciben fondos federales, han tenido señalamientos durante los últimos años. Algunos de estos señalamientos requieren una revisión de sus estructuras para poder salvaguardar dichos fondos. La Ley que crea la Defensoría busca atender dichos señalamientos, a la vez que enmarca a Puerto Rico dentro de las corrientes de reforma de estas figuras a nivel internacional. El resultado es una estructura de vanguardia que brindará mayores protecciones a los derechos, sin poner en riesgo los fondos federales y generando economías en fondos estatales”, explicó Cruz Batista.

El funcionario detalló que el ahorro al Gobierno con estas fusiones es de $3.5 millones.

Cuando se le cuestionó la cantidad a economizarse, recalcó en otra instancia que “el motor o principio básico fundamental de esta organización no es la parte económica, es la parte de servicio, eficiencia y efectividad”.

Por otro lado, el director de OGP detalló que solo las procuradurías de Mujeres, Personas con Impedimentos y de Edad Avanzada reciben dinero del gobierno de Estados Unidos. Por tal razón, indicó que la administración del gobernador Alejandro García Padilla solicitó la opinión de las agencias federales concernientes sobre la propuesta de crear la Defensoría de los Derechos Humanos.

Reveló que “recibimos comunicación con una agencia que da fondos federales avalando el proyecto que sometieron. Ahora, otras dos agencias dieron apoyo técnico y sus preocupaciones fueron incorporadas al proyecto que se radicó”. No especificó cuáles eran esas agencias.

Cruz Batista destacó, sin embargo, una notificación que recibió la OPPI en febrero pasado de parte del Departamento de Salud federal en la que se advierte la posibilidad de perder $4 millones en fondos federales por múltiples señalamientos que se le han hecho a la procuraduría. Entre estos que se destaca el que parte de los fondos ya entregados no se han utilizado y se cuestiona si los que se usaron fueron para los propósitos preestablecidos.

“Así que no se ponen en riesgo fondos federales, evita que en OPPI se pierdan $4 millones”, afirmó el funcionario.

Asimismo, el director de OGP aclaró que las procuradurías mantendrán su independencia y solo se fusionarán de manera administrativa, para, por ejemplo, no tener seis directores de recursos humanos.

“No desaparece la función, se integran de manera operacional… La defensa a estos sectores se mantiene inalterada”, precisó.

Aclaró, además, que a los miembros de los Consejos Directivos de cada Defensoría Asociada, que son nueve por cada una, no recibirán un salario. Dijo que se planifica darles una dieta, cuyo monto no pudo detallar.

Este grupo, según Cruz Batista, será constituido por tres personas nombradas por el gobernador y seis seleccionadas entre los grupos de interés. 

De hecho, el director de OGP aclaró que no será García Padilla el que cuente con el poder de decidir si los actuales procuradores y el director de la Comisión de Derechos Civiles permanecen en sus cargos. Afirmó que serán estos Consejos Directivos los que tomarán la determinación.

Pero, de permanecer en sus cargos, los procuradores verán una reducción significativa en sus salarios.

Según información suministrada por La Fortaleza, a la mayoría de los procuradores se les reducirá el salario en $20,000 anuales, exceptuando el cargo del director de la Comisión de Derechos Civiles que solo tendrá una baja de $10,748 anuales.

El salario actual de estos funcionarios ronda en los $105,000. Ahora, con esta nueva Defensoría el salario base será $89,600 anuales, explicó el director de OGP.

La mayoría de los procuradores actuales fueron nombrados por la pasada administración de Luis Fortuño.

En torno a los empleados que ya no sean necesarios con esta unión, Cruz Batista reiteró que no serán despedidos. Alegó que, según se establece en la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, serán transferidos a otras agencias.

“Hemos hablado de eficiencia, efectividad… no estamos hablando de pérdida de empleos”, manifestó. 

“Es una medida que busca que el gobierno se acerque a sus ciudadanos de la manera más eficiente posible”, reiteró.


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