Dos académicos de reconocida trayectoria avalaron este jueves los objetivos que persigue el proyecto de reforma educativa del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, aunque recomendaron numerosas enmiendas dirigidas principalmente a modificar la composición y funcionamiento de la Junta de Alianzas e Innovación Educativa, que se crearía para viabilizar y luego fiscalizar las escuelas que operen mediante alianzas con organizaciones sin fines de lucro o algunas entidades públicas. 

La catedrática del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Ana Helvia Quintero y el exrector del Recinto de Cayey de ese sistema universitario Ram Lamba favorecieron la idea de establecer alianzas con instituciones externas al Departamento de Educación (DE) para promover cambios en el modelo educativo del sistema público, pero mostraron reservas en torno al alcance y al funcionamiento de esa colaboración.

Quintero, también exsubsecretaria de Educación, planteó que la Junta de Alianzas e Innovación Educativa que se propone podría ser un vehículo para fomentar la innovación en las escuelas públicas, y para garantizar la continuidad de los cambios que se impulsen, pero enfatizó en la necesidad de redefinir la misión de ese organismo, que estaría compuesto por representantes del gobierno y el sector privado.

“Enmendaría la misión de la junta para que, además de promover y gestionar apoyo a los proyectos e iniciativas de innovación educativa en el sector no gubernamental, y supervisar y evaluar las entidades educativas certificadas a cargo de las escuelas Líderes de la comunidad, promueva la concertación de alianzas entre las escuelas Líderes y el sistema educativo”, indicó Quintero ante los miembros de la Comisión Especial para la Transformación Administrativa y Operacional del Sistema de Educación de Puerto Rico.

Las escuelas Líder serían aquellas que operen bajo acuerdos de colaboración de cinco años con entidades sin fines de lucro, universidades, cooperativas de maestros y municipios, entre otras organizaciones.

Según la profesora, la junta debe elaborar un plan para desarrollar proyectos de innovación en el sistema público de manera coordinada con el DE, y luego esas iniciativas deberían ser sometidas ante la consideración de la Legislatura para su evaluación.

Quintero también mostró preocupación con el nivel de detalle y la exhaustividad de la regulación contenida en la pieza legislativa, y advirtió que incluir en el estatuto aspectos administrativos, o de microgestión, como los parámetros para el cierre de planteles o algunas funciones de los empleados del DE, podría dificultar la implementación de la medida.

“La ley entra en mucho detalle. Para mí, las leyes no deben ser tan detalladas, deben dar los principios y entonces, luego, dar unos procesos que permitan el aprendizaje. Si pones algo en la ley, y al año ves que no funciona, entonces hay que ir a cambiar la ley”, apuntó.

Quintero insistió en que debe garantizarse un proceso minucioso al seleccionar a las entidades que estarían a cargo de las llamadas escuelas Líder, y destacó que, en la evaluación, debe tener peso el historial de responsabilidad social de las instituciones. Mencionó favorablemente la posibilidad de que se establezcan alianzas con organizaciones como los Centros Sor Isolina Ferré, Nuestra Escuela, ASPIRA y el Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio (PECES).

Lamba, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, respaldó la idea de reducir la burocracia en el DE delegando facultades a la Junta de Alianzas e Innovación Educativa, pero criticó que esa entidad carece de suficiente representación de la comunidad escolar y, por el contrario, incluye integrantes que “no necesariamente conocen a cabalidad las necesidades de las escuelas públicas”.

La junta estaría compuesta por el titular del DE, el presidente de la UPR, el presidente de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico, un líder magisterial, un representante de una organización sin fines de lucro, el presidente de la Liga de Cooperativas, el líder de la Cámara de Comercio y el dirigente de la Asociación de Industriales.

Además, hizo hincapié en que la propuesta educativa que se presente para las escuelas Líder debe elaborarse con la participación de la comunidad escolar para que responda a las necesidades particulares del plantel y no sea impuesta unilateralmente por la entidad administradora.

“En una verdadera alianza es necesario que haya un pacto entre ambas partes, ninguna debe imponerse sobre la otra… Tal y como está redactado el proyecto, da la impresión de que es la organización sin fines de lucro la que decide la escuela con la que quiere establecer la alianza”, subrayó el académico.

Tanto Lamba como Quintero censuraron el texto del proyecto de ley en algunas de sus disposiciones por entender que degrada o promueve una imagen pesimista del sistema de enseñanza pública. 

“Esta ley, con su tono derogatorio del sistema, no apoya la esperanza. La desconfianza en el sistema que se respira en este proyecto de ley, lleva a otro problema, hace que se entre en un ‘micromanagement’ (microgestión) que es muy peligroso en una ley”, reiteró Quintero.