Dos dirigentes sindicales catalogaron como positiva la llamada "ley de quiebra criolla", porque sería la primera vez en la historia de Puerto Rico que un Gobierno enfrenta a los bonistas y defiende el interés público.

 "Esto, después de todo, es algo positivo que habría que examinar antes de pasar juicio condenando y rechazando de plano esta Ley sin antes hacer un buen y objetivo examen de sus alcances en lo concerniente a la reestructuración de la deuda”, se indicó en un comunicado firmado por el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Perfecto Torres, y el secretario general de la Confederación Unida de Trabajadores del Estado (CUTE) y miembro del Comité Ejecutivo de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Federico Torres Montalvo.

Destacaron que la medida enfrenta el “afán de lucro” de los bonistas. Sin embargo, señalaron que todavía quedan lagunas por aclarar, sobre todo, lo que concierne a la venta de activos y el trastoque de los convenios colectivos.

 La Ley para el Cumplimiento con las Deuda y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas entró en vigor el pasado 28 de junio, día en que obtuvo la firma del gobernador Alejandro García Padilla. La medida ya le ganó al Gobierno una demanda de parte de dos bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y grandes críticas de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP). Pero, ante todo, provocó la degradación del crédito del país.

 A juicio de los líderes sindicales, esta ley “pudiera ser la manera más apremiante de renegociar una parte sustancial de la deuda pública del país frente a un posible y potencial incumplimiento de pago (default)”.

Afirmaron que aunque la ley pueda en su momento tener mucho espacio para que los acreedores negocien, se establece un esquema mediante el cual una corporación pública como deudora presenta un plan al tribunal de cómo se va a pagar y quiénes van a o no a beneficiarse de un plan de pago.

“Reestructurar la deuda fue precisamente lo que el movimiento obrero recomendó en la parte política de los acuerdos logrados en Fortaleza para alivianar el peso de la emergencia fiscal bajo la Ley 66 de 2014 (Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno) que se impone sobre los hombros de los trabajadores de las agencias de la administración central de Gobierno representados bajo la Ley 45 de Sindicación de los Empleados Públicos”, detallan las declaraciones conjuntas de Perfecto Torres y Torres Montalvo.

Agregaron que no puede verse con malos ojos que el poder judicial termine ordenando a los acreedores cuánto es lo que recibirá bajo el plan presentado por la corporación pública en un proceso de reestructuración de la deuda.