La Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) llegó a un acuerdo con esa corporación pública, que supone un ahorro de $7.2 millones para la dependencia gubernamental, dijo hoy el líder del sindicato, Luis Reyes.

El acuerdo, que fue ratificado por la matrícula de la unión el pasado viernes, se logró como parte de las negociaciones entre el gremio y la corporación pública a la luz de los cambios de la controvertible Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del gobierno.

“Logramos ahorros para la Autoridad y logramos sustituir la aplicabilidad de la Ley”, dijo el líder sindical, quien detalló que el ahorro es durante el año fiscal vigente que culmina el 30 de junio de 2015. En ese momento, las partes se sentarían de nuevo a negociar.

Reyes explicó que el ahorro de $7.2 millones es en salarios, pasos por mérito, días feriados, licencias por enfermedad y de accidentes en el trabajo, así como en labores interinas y economías en gastos legales por casos transados.

Los trabajadores no perdieron días feriados, pero cedieron los días que les concedía el gobierno por concepto de proclamas. “Se suponía que si no se trabajaba en esos días se pagaran. Ahora se descuentan de las licencias”, sostuvo el dirigente de la unión, que representa a unos 900 empleados en la AEP.

Reyes dijo que como parte del acuerdo se determinó crear un comité compuesto por tres miembros de la unión y tres del patrono que se reunirá cada tres meses para revisar la salud fiscal de la corporación pública con miras a ver cómo va a ser la negociación el próximo año. “También tenemos un compromiso de hacer esfuerzos para fortalecer la Autoridad y hacerla más productiva”, indicó para agregar que la negociación se llevó a cabo en un ambiente de cordialidad. “Fue con los libros abiertos. Nos dieron la información que solicitamos. Dentro de las circunstancias la negociación fue buena para ambas partes”, sostuvo Reyes.

El director ejecutivo de la AEP, Ángel L. González Carrasquillo, dijo que también lograron acuerdos con la Unión de Empleados de Oficina y Profesionales, que preside Freddie Rodríguez. “Desde el principio anunciamos que en la Autoridad había paz laboral y que la comunicación entre ambos sindicatos y la gerencia de la AEP era constante y directa. Hoy, lo estamos demostrado con la validación de ambos acuerdos de forma consecutiva y unánime”, indicó González Carrasquillo en un comunicado de prensa.

González Carrasquillo estableció que luego de la aprobación de la Ley 66 “las negociaciones obrero patronales siempre se realizaron dentro de un marco de respeto y tranquilidad”. Dijo que fue un proceso participativo alterno y uniforme, conforme a la política pública establecida.

“Me siento tranquilo porque hemos sido de las primeras corporaciones públicas en ratificar dichos acuerdos. Pudimos establecer medidas de reducción de gastos justas para enfrentar la crisis fiscal y económica del Gobierno, sin menoscabar los convenios colectivos vigentes”, sostuvo el ingeniero.

El pasado 11 de agosto, el liderato de algunas corporaciones públicas presentó al gobernador Alejandro García Padilla una propuesta de enmiendas a la Ley 66.  En específico, los sindicatos solicitaron enmendar los artículos 10 y 17 del mencionado estatuto, que atienden los traslados y destaques administrativos y los ajustes a cláusulas no económicas de los convenios colectivos vigentes que tienen impacto en el control fiscal de estas dependencias. La posición de esos líderes sindicales ha sido que los objetivos de estos artículos se pueden lograr a través de los mecanismos contenidos en sus respectivos convenios colectivos.

Luego de evaluar las enmiendas propuestas, el gobernador, a través de su asesor laboral, Luis Alberto Álvarez, le informó a Pedro Irene Maymí, portavoz del grupo de trabajadores, que decidió acoger la sugerencia de estos sindicatos para que se utilicen los mecanismos existentes en los convenios colectivos siempre y cuando se consigan los mismos objetivos de los artículos 10 y 17 (a)-(i) de la ley.

A esos efectos, el mandatario instruyó a los jefes de las corporaciones públicas concernidas a que no pongan en vigor los artículos antes mencionados durante el periodo de negociación, y que se atiendan los objetivos y preocupaciones correspondientes a estos artículos mediante los mecanismos dispuestos en sus respectivos convenios colectivos.