El Departamento de Educación detuvo el pago de facturas por cerca de ocho millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico relacionadas con el cuestionado programa “Crece-21” tras detectar duplicidad de participantes en el cobro y carencia de evidencia de que otros alegados participantes hayan completado el proyecto.

La información la ofreció hoy el secretario de Educación, Rafael Román, quién explicó que las facturas fueron enviadas al Departamento en diciembre de 2012 y que al momento de detener el pago, ya la Oficina de Asuntos Federales del Departamento (OAF) lo había autorizado.

“Para el mes de febrero de 2013 la OAF solicitó a la División de Finanzas que suspendiera el proceso de pago para las 10 facturas pendientes, para hacer una revisión más extensiva de las mismas”, sostuvo Román ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, que realiza una investigación sobre este programa.

“Culminado en diciembre de 2013 el análisis de las facturas pendientes de pago , se determinó aprobar solo $2.4 millones de los $10.2 millones facturados, lo que significa que el 77% de dicho monto facturado se rechazó y se ajustó por las siguientes razones: unos $3.5 millones facturados correspondían a duplicidad de participantes y de unos $4.3 millones facturados no surgía evidencia de haber completado el proyecto (sin transcripción de créditos)”, agregó Román.

Según el secretario de Educación, a pesar de que se pagaron sobre $28 millones a la UPR por este proyecto, solo 350 maestros fueron recertificados y 522 completaron las Pruebas de Certificación de Maestros, pero no todos las pasaron.

Román afirmó además que ni un sólo maestro de los que participaron o se suponían que participaran en este programa, está dando clases en las materias de difícil reclutamiento, que fue para lo que se creó.

 "Hoy tenemos que cero (0) maestros de los 350 que recibieron el certificado, ninguno está dando clases en lo que fueron certificados porque no hubo una política pública articulada para que les garantizara. De hecho, la Oficina de Certificación Docente (del Departamento de Educación) no participó en este proceso", declaró’.

Por su parte el director ejecutivo de la Presidencia de la UPR, Manuel Cámara Montull, que representó al Presidente Uroyoán Walker, dijo que una vez el Presidente advino en conocimiento de la situación, solicitó a la Junta de Gobierno de la Universidad, que la investigación de los auditores internos se hiciera extensiva a todos los recintos, no sólo al recinto de Ciencias Médicas de donde proviene el informe, y que la Junta lo avaló.

En la ponencia escrita de Walker que se presentó ante la misma comisión, indica que por instrucciones suyas el rector interino del Recinto de Ciencias Médicas, Edgar Colón, refirió a la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor, al Departamento de Justicia de Puerto Rico y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el informe que preparó una abogada externa al recinto y en el que se revelan múltiples irregularidades en el manejo de este proyecto, que se contrató originalmente por $49 millones para recertificar a 5,000 maestros.

Este proyecto se suponía que fuera un esfuerzo colaborativo entre la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación con el propósito de recertificar maestros en materias de difícil reclutamiento, tales como inglés, ciencias y matemáticas.

 Se desarrolló principalmente en el Recinto Universitario de Utuado y en las unidades de la Universidad de PR en Ponce, Humacao, Aguadilla, Arecibo, Cayey, Mayagüez y el Recinto de Ciencias Médicas.