Cobraban, cobraban y cobraban, pero no trabajaban.

La secretaria de Educación, Julia Keleher, aceptó que esa agencia le estuvo pagando a 271 personas que por los pasados años dejaron de trabajar allí, pero seguían recibiendo su quincena fielmente. 

Las razones pueden ser muchas, pero podrían ir desde el fallecimiento de algunos o su mudanza fuera del país.

La agencia paralizó en mayo pasado los depósitos directos a 482 empleados porque no habían ponchado en una sola ocasión durante un mes. De esos, 211 llegaron preocupados a la agencia y recibieron sus pagos ascendentes a $503,315.

Dieron miles de razones para no ponchar y se les instruyó de la responsabilidad de hacerlo, sostuvo el subsecretario de Administración de Educación, Pablo Muñiz.

Sin embargo, 271 no aparecieron ni por los centros espiritistas. 

“No se sabe dónde están; estos empleados jamás aparecieron y llevaban todo este tiempo cobrando. No había un jefe que los supervisara. Las personas no vinieron a decir: ‘¿dónde está mi depósito directo?’…”, dijo, por su parte, el asesor legal y ayudante de la secretaria de Educación, el licenciado Erick Huertas.

Fue el subsecretario de Administración quien pidió un reporte de los empleados que no habían ponchado en un período de 30 días y procedió a retener el depósito directo. Del grupo, 249 eran docentes y 233 administrativos.

Algunos de los empleados fantasmas pudieron haber cobrado el dinero ilegalmente, en ocasiones, hasta por un periodo de tres años y otros hasta por dos, indicó Muñiz.

El ahorro por ese mes que se retuvo el pago fue de $655,268. Multiplíquelo usted por el tiempo que lo estuvieron recibiendo los empleados fantasmas. 

“Pueden haber muertos, pero hay quienes han seguido cobrando… No se sabe quiénes son porque nadie vino (a reclamar su pago). El asunto era detener esos pagos y buscar ahorros”, aceptó el licenciado Huertas. 

El presupuesto del Departamento de Educación para el corriente año fiscal es de $2,511 millones. De los 51,000 empleados que hay, 31,000 son maestros. Estos datos son antes del huracán María cuando también el número de estudiantes ascendió a 345,000.

Muñiz adelantó que la División Legal investigará a cada una de las personas que ha cobrado el dinero que no le correspondía y tendrán que devolverlo. 

Mientras, el licenciado Huertas aceptó que en estos casos pudo haber falta de supervisión correcta y eficiente, o negligencia en el proceso de dejarle saber a nivel central que una persona dejó de trabajar en la agencia o falleció, por ejemplo.

Otra situación que detectó la titular de Educación fue la de los diferenciales que se le pagan a algunos empleados, que provoca problemas en el manejo del presupuesto de la agencia.

“¿Quién y cuánta gente tiene diferencial y quién está controlando eso?”, cuestionó la funcionaria al aceptar que algunos podrían estar recibiéndolo sin tener ya derecho al mismo.

Mencionó que se contrató una compañía que realizará un informe sobre la situación para también controlar ese problema.