Líderes sindicales y de la sociedad civil anunciaron hoy, martes, que llevarán a cabo una marcha para repudiar "políticas perversas" que han sido implantadas principalmente durante el presente cuatrienio en contra de los trabajadores y los ciudadanos más desposeídos.

Luisa Acevedo, portavoz de los sindicatos y de otros grupos que se han unido a la iniciativa, dijo en conferencia de prensa que la manifestación se llevará a cabo el 21 de octubre, a partir del mediodía, cuando se congregarán cerca del Tribunal Supremo para marchar hasta el lado sur del Capitolio.

Acevedo reconoció que la protesta representará un "junte histórico" que no se ha producido jamás a tan pocos días de las elecciones generales en el país y explicó que el acto pretende llevar un mensaje a todos los políticos para que cesen los atropellos que se han intensificado con medidas gubernamentales en contra de los trabajadores, las mujeres, los estudiantes y los envejecientes.

Christie Capetta, otra de las portavoces, al invitar a la marcha, pidió a los ciudadanos que porten banderas de Puerto Rico para llevar un mensaje de unidad en el acto cuyas consignas principales serán "Prohibido Olvidar", "Que no se repita" y "Puerto Rico no se vende".

"El 21 de octubre va a ser el día del pueblo de Puerto Rico y será un junte histórico", señaló, por su parte, Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros, quien aludió a las condiciones "deplorables" de los profesores en el sistema público de enseñanza y lamentó que en el gobierno "no hay actitud de rectificar" las nuevas políticas que afectan a los trabajadores.

"No podemos olvidar el despido de más de 30,000 empleados públicos, la descolegiación de los abogados, el asalto a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado, la criminal agresión a los estudiantes universitarios y el millonario robo al pueblo mediante el intento de instalar un gasoducto", sostuvo, por su parte, Acevedo, al enumerar algunas de las acciones cuyo repudio reafirmarán en la marcha.

"No podemos permitir que persistan las privatizaciones en el aeropuerto, la Autoridad de Carreteras, el Centro Médico, la Autoridad de Edificios Públicos y Energía Eléctrica", agregó Acevedo, rodeada de directivos de las uniones de esas agencias públicas.

"No pueden repetirse los actos de corrupción, los intentos de limitar los derechos humanos, el desmantelamiento de las procuradurías, de la Oficina de Comunidades Especiales, ni permitir el desalojo de las comunidades pobres", agregó, al aclarar que aunque muchas de esas iniciativas han sido tomadas por el gobierno de Luis Fortuño, algunas fueron iniciadas por administraciones del Partido Popular Democrático (PPD).

"Esto no es en contra de azules, rojos, verdes, anaranjados o violetas, es un mensaje para el que venga a gobernar sepa que vamos a estar en este junte para que terminen los atropellos", dijo Acevedo al responder a preguntas sobre la ausencia de líderes novoprogresistas en la conferencia de prensa a la que asistieron miembros del Movimiento Unión Soberanista (MUS) así como de los partidos del Pueblo Trabajador (PPT), Independentista Puertorriqueño (PIP), Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR) y también del PPD, como la candidata a alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que también respaldó con su presencia a los organizadores reunidos en el Colegio de Abogados.

Líderes de residenciales públicos y comunidades marginadas participaron también en la rueda de prensa, así como portavoces de las principales uniones del país como la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT-CUTE), la Central de Alianza Laboral y la Coordinadora Sindical. Además, estuvieron presentes portavoces de la Unión de la Autoridad de los Puertos, la Asociación de Empleados del ELA, el Colegio de Abogados, la Cumbres Social y la Unión General de Trabajadores, entre otros.

Algunos de los líderes sindicales expusieron preocupaciones marcadas, de cara a nuevo cuatrienio, como Federico Torres, quien opinó que si revalida el PNP, "la Autoridad de Edificios Públicos y la Corporación del Seguro del Estado van a ser eliminadas". Mientras, Manuel Perfecto, líder de la UGT repudió la aprobación de los centros de trauma recién certificados por el gobierno, aunque el personal que allí opera "no tiene el expertise" y los protegen de reclamos mayores de impericia médica al aplicarse el tope de $75,000.

La presidenta de la AMPR, Aida Díaz, mientras, lamentó que no se pudo adelantar un alza en el retiro para los maestros y planteó que en su ancianidad muchos viven en miseria. Además, aludió a la creciente cifra de 16% de desempleo entre quienes están buscando trabajo, pero destacó que se desconoce cuántos han dejado de procurar empleo y concluyó que las cifras oficiales pueden estar subestimadas.

Los propulsores de la marcha subrayaron que la Ley 7 provocó miles de despidos y subrayaron que la mayoría de esos ciudadanos "estan sin trabajo todavía". Además, destacaron el poder electoral de las mujeres.

"Somos más del 52% del electorado. Somos las que vamos a definir quienes gobernarán el país", puntualizó Acevedo al instar al voto inteligente y augurar que el nuevo junte sindical y de la sociedad civil permanecerá militante a partir de la protesta del 21 de octubre.