El gobernador Ricardo Rosselló compareció ante el Subcomité de Asuntos Indígenas, Insulares y de los Nativos de Alaska del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal pidiendo más tiempo para negociar la multimillonaria deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los acreedores, de la misma manera en la que le permitieron unos días de extensión para preparar el plan fiscal que fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con enmiendas.

“Estamos pidiendo a los bonistas que nos dejen evaluar y ver la realidad de Puerto Rico y encontrar un mejor acuerdo para crecimiento económico”, comentó Rosselló ante el comité. “Desde que se firmó Promesa, se le dio a Puerto Rico y  su gobierno la posibilidad de tener responsabilidad sobre toda la Isla, y eso incluye a la AEE”.

El acuerdo de reestructuración vence el 31 de marzo y le impone más presión al gobierno para llegar a un acuerdo de restructuración sin tener que recurrir al Título III de bancarrota. La AEE tendría que pagar al menos $455 millones en principal e intereses al 1 de julio,  “pero sin el flujo de efectivo provisto por los términos del acuerdo de restructuración y sin otras opciones viables, la AEE se irá nuevamente en moratoria y los residentes de la Isla podrían experimentar interrupción de servicios”, se planteó en el memorandum del subcomité.

La primera parte de la vista transcurrió en pintar el panorama que enfrenta Puerto Rico con sus deudas, sus altos niveles de emigración y los recortes que está enfrentando el pueblo en cuando a sus pensiones, la Universidad de Puerto Rico y la amenaza de recortes de la jornada laboral y el bono de Navidad. 

El gobernador insistió en repetidas ocasiones que espera negociar “de buena fe” con los acreedores y bonistas para poder llegar a acuerdos que no hundan más la situación económica de la Isla antes del 1 de mayo, cuando vence la moratoria a la litigación para el cobro de deuda de Puerto Rico.

“Tenemos una estrategia. Queremos que el Congreso actúe en las próximas semanas, para que Puerto Rico tenga un espacio para renegociar”, acotó Rosselló.

“Promesa  no rechazó nuestras propuestas, sino que las enmendaron”, recordó. “La política implementada en nuestro plan está esencialmente intacta. Hicimos cambios en nuestras proyecciones económicas y en términos del plan fiscal, está certificado y estamos trabajando en el mismo. Lo hicimos sin bajar acceso a la salud, mejorando la educación, sin afectar a  nuestros trabajadores y estableciendo un camino para que (la reducción de) las pensiones sean progresivas. Lo que estamos discutiendo es tratar de hacer lo mismo con el acuerdo de reestructuración de la AEE. Necesitamos más tiempo”, urgió.

Los miembros del comité le recordaron que ya el tiempo ha sido extendido en múltiples ocasiones y no se ha llegado a nada. “¿Ha tenido algún diálogo con ciertos acreedores?”, preguntó el representante Raúl Grijalva.

“Hemos tenido conversaciones con grupos de bonistas pero, antes que eso, y como hemos expresado cuando comenzamos en el gobierno, nos enfocamos en un plan fiscal y lo hicimos la semana pasada. Queremos tener negociaciones de buena fe”, insistió, por su parte, Gerardo Portela,  director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, quien acompañó a Rosselló en la silla de los deponentes.

“¿Cuál es la posibilidad de lograr una extensión de tiempo para negociar?”, intervino Rob Bishop, uno de los miembros del subcomité.

“Ha sido extendida en el pasado y sería en el mejor interés para todos”, respondió Rosselló.

Sobre la relación con la Junta de Supervisión Fiscal, el gobernador aseguró que la misma ha sido “respetuosa” y de “conversación continua”. 

“Nosotros somos una colonia y no tenemos impacto en cómo actuará el Congreso. La posición ha sido respetuosa, pero tenemos que reconocer las líneas divisorias… la JSF está establecida para reducir gastos, no están aquí para determinar cómo gobernar a Puerto Rico. Ese es mi trabajo”, apuntó Rosselló. 

“Como en todas las relaciones, tenemos desacuerdos y nos dijeron que teníamos que botar a 45 mil empleados públicos, y nosotros actuamos de otra forma. Reducimos subsidios, y logramos mantener nuestros empleados. Lo hicimos con el sistema de salud, queremos que tengan su seguro y puedan escoger sus servicios. Lo mismo con educación, y pensiones. Espero que sigamos con esa relación”.

Volviendo a la AEE, la representante Nydia Velázquez le preguntó sobre la posibilidad de privatizar la corporación pública, a lo que Rosselló contestó que lo que se contemplan son alianzas público privadas, además de abrir el abanico de proveedores de energía renovable, incluyendo gas.

“Si las negociaciones voluntarias con los 12 grupos de bonistas no funcionan de aquí al 31 de marzo, ¿apoyaría el Título III -bancarrota judicial- de Promesa para negociar?

“Todo está en la mesa. Creemos que la mejor decisión es llegar a una negociación bajo Título VI -negociación con acreedores-. Estamos dispuestos a ser racionales y sentarnos a negociar.

“El reloj está corriendo…”, le recordó Velázquez.

“Fui elegido para negociar en esta plataforma. Me eligieron para esto y así lo haré”, resaltó el gobernador.

El Subcomité congresional está compuesto por Doug LaMalfa, Don Young, Jeff Denham, Paul Cook,  Aumua Amata Coleman Radewagen, Darin LaHood, Jack Bergman, Rob Bishop, Norma Torres, Madeleine Bordallo, Gregorio Sablan, Rubén Gallego, Darren Soto, Colleen Hanabusa, Raúl Grijalva y la comisionada residente Jenniffer González.