Y todo este revolú -cuya génesis surge tras la renuncia del director ejecutivo de la agencia Walter Higgins y el anuncio de que lo sustituiría Rafael Díaz Granados por un criticado salario de $750,000 al año- se suscita justo en el momento en el que el gobernador Ricardo Rosselló viajaba junto a su esposa Beatriz Rosselló hacia Rusia para disfrutar del juego final de la Copa Mundial.

A primera hora de la mañana trascendía públicamente que Díaz Granados -cuyo nombramiento como nuevo director ejecutivo de la AEE duró menos que un pestañeo- aseguraba que el jugoso salario que se le ofreció con la aprobación de la Junta de Gobierno era un “sacrificio” que realizaba “por el pueblo de Puerto Rico”.

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"He ganado mucho más que eso ($750,000) muchas veces. Mis últimos ingresos en General Electric (empresa en la que lideró varias operaciones entre el 2000 y 2014) eran por encima de los dos millones de dólares, así que ustedes en Puerto Rico me están recibiendo con un descuento bastante importante", expresó en radio.

Y así mismo, con la velocidad de un rayo, llegó un comunicado de prensa en el que el Gobernador solicitaba a los miembros de la Junta de Gobierno de la corporación que rebajaran el sueldo “con descuento” otorgado a Díaz Granados o que en su defecto renunciaran a sus funciones. Dijo que la cuantiosa cifra no era proporcional con la condición financiera de la Autoridad ni con la situación fiscal del Gobierno.

“[…] los miembros que no estén dispuestos a hacerlo deben renunciar a sus cargos, para que los asuman personas que trabajen arduamente en la búsqueda de un buen director ejecutivo dispuesto a trabajar por un salario que se ajuste a la realidad de la AEE”, sentenció el Primer Ejecutivo.

No había pasado una hora de difusión de las declaraciones escritas de Rosselló cuando el enredo se hacía más grande y corría la noticia de que en respuesta a la petición del Gobernador cinco miembros de la Junta de Gobierno habían renunciado a sus posiciones. Los que dimitieron fueron Ernesto Sgroi, quien era director ejecutivo de la junta y quien anteriormente fue director de finanzas de campaña de Rosselló; Edwin Irizarry, vicepresidente de la junta; Erroll Davis, miembro independiente y jefe del Comité de Auditoría y Riesgo; Nisha Desai, jefa del Comité de Infraestructura y Seguridad; y el propio Díaz Granados, quien también era miembro independiente de la junta y dirigía el Comité de Servicio al Cliente, mientras se daba el cambio de mando con Higgins. Mientras, los miembros que permanecieron fueron Christian Sobrino, representante del Gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal y presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF); y María Palou, principal asesora de infraestructura del gobernador.

La misiva de los renunciantes -que dejaban sin quórum a la junta- destaca que su acción fue resultado del dominio político partidista que hay sobre la AEE.

“Las Fuerzas políticas en Puerto Rico proveen una declaración definitiva que desean continuar su control sobre la AEE. Cuando intereses políticos mezquinos son puestos por encima de las necesidades de la gente, el proceso de transformar el sector eléctrico de Puerto Rico se pone en riesgo", reza la carta.

Casi inmediato la directora de prensa de Fortaleza Yennifer Álvarez Jaime confirmaba a petición de Primera Hora que con la renuncia de Díaz Granado – quien al parecer no daría su brazo a torcer en una hipotética negociación por un salario más bajo- quedaba fuera de su cargo de CEO.

"Confirmado. Queda sin efecto la resolución de su designación", respondió la comunicadora.

A rey muerto, rey puesto. Y así fue que en horas de la tarde de Fortaleza llegaba otro comunicado de prensa en el que se notificaba que el gobernador Ricardo Rosselló -desde su largo viaje hacia Rusia- nombraba  como miembros de la Junta de Gobierno de la AEE  al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Elí Díaz Atienza; y al ingeniero Ralph Kreil Rivera.

Con estos dos nuevos nombramientos y los otros dos miembros que permanecían (Sobrino y Palou) la Junta de la AEE nuevamente tenía quórum. Cabe señalar que este cuerpo está constituido de siete miembros. Tres de éstos son considerados  miembros “independientes” y, según la Ley 37 de 2017, son nombrados por el gobernador, quien los debe seleccionar de un listado de candidatos que le somete una agencia especializada en búsqueda de profesionales. Estas personas requieren el aval senatorial para asumir el puesto. Mientras, otros tres miembros serán nombrados por “discreción” del Primer Ejecutivo. El séptimo miembro debe ser un representante de los consumidores o clientes de la AEE, el cual se debe escoger a través de una votación especial supervisada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Actualmente, ese proceso está en curso.

En su última comunicación escrita sobre el tema, Rosselló rechazó la conducta político partidista  que señalaron los renunciantes a la junta.

“Rechazo contundentemente las alegaciones de intromisión política que hacen los miembros salientes de la Junta de Gobierno de la AEE. Mi compromiso con la transformación energética de Puerto Rico es inquebrantable. Mi deber es velar por los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico y así lo seguiré haciendo”, sostuvo el primer mandatario.

¿Buscan confundir al pueblo?

Lo transcurrido durante el día de ayer en la AEE más que un revolú lo que provocó fue un tipo de “shock” para confundir a la gente y no puedan percatarse que el verdadero “issue” que suscitará la controversia es avanzar en el afán para la privatización de la corporación pública.

Así opina Juan Rosario, quien fuera representante del consumidor residencial en la Junta de Gobierno de la AEE, un puesto que ahora mismo está en veremos dentro de ese cuerpo.

“Tenemos que pensar que el interés real de todo esto es buscar una justificación para decir que hay que privatizar… y ojo, no digo que no hay espacio para algún tipo de alianza. Pero esta gente lo que está haciendo es saqueando al País y lo que tienen es una orgía de gastar el dinero del pueblo nombrando, quitando y volviendo a nombrar personas con unos salarios que son un insulto al pueblo, una vergüenza”, destacó Juan Rosario.

Dijo que, precisamente, este lío ha demostrado la importancia que tiene la representación en la Junta de la AEE de un miembro que defienda los intereses de los ciudadanos, al mismo tiempo que fomenta la transparencia.

“Te aseguro que si llega a haber un representante de los consumidores en esa junta se hubiera sacado a la luz pública todo ese traqueteo… mientras, aquí nadie va a saber lo que se mueve dentro de esa junta y dependeremos sólo de la historia que ellos quieran contar”, expresó.

Con Rosario coincidió Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), quien dijo apoyar cualquier investigación propulsada desde la Legislatura a fines de “que se sepa lo que ocurrió en esas reuniones de la Junta donde se aprobaron tanto los nombramientos de Higgins como de Díaz Granado”.

“Hay que grabar esas reuniones, ver cómo se realizaron esas votaciones y cuáles fueron las justificaciones para esos salarios. El país necesita acceso a esas minutas”, manifestó.

Al mismo tiempo, invitó al Gobernador a que aproveche la oportunidad para nombrar personas que tengan sensibilidad en la importante transformación que necesita el sistema eléctrico.