Defensores de los  derechos humanos en Puerto Rico repudiaron el que   Estados Unidos sea uno de los 58 países en el mundo  que todavía  aplican la pena de muerte,  con el agravante  de que utilizan métodos  lentos y dolorosos, como sucedió en días recientes  con una ejecución mediante inyección letal que tardó dos horas en  hacer efecto.

Se trató del  reo Joseph Wood, ejecutado  el miércoles pasado en Arizona, quien murió casi dos horas después de recibir una inyección letal que tenía los mismos compuestos usados en otra polémica ejecución en Ohi, hace seis meses.

Ahora se busca en Estados Unidos,  un método que no viole las prohibiciones constitucionales de castigo cruel e inusitado.

“No es la primera vez que se está cuestionando esta situación. En algunos estados  se están cuestionando si  se debe mantener la pena de muerte.  Hay dos razones para el cuestionamiento: uno, las desigualdades en las personas condenadas a pena de muerte que son los grupos étnicos minoritarios que tienen mayor prevalencia de ser condenados, los hispanos  y afroamericanos”, expuso la activista pro derechos humanos, Palmira Ríos.

“Segundo, es que el argumento de que las inyecciones van a ser más rápidas y menos dolorosas es incorrecto. Se han dado casos  en que este método ha sido lento y doloroso  y constituye una forma de tortura  por parte del estado”, expuso, la también directora de la escuela de Administración Pública de la UPR.

Estados Unidos, agregó,  tiene que moverse a adoptar los mecanismos internacionales de abolir la pena de muerte,  en vez de buscar medicinas.

“Es cuestión de abolirla. Para entrar a la Unión Europea, los países que están solicitando tienen que abolir la pena de muerte”, señaló.

A juicio de Río, la   pena de muerte,  la  tragedia con los niños migrantes en Centro América y el mismo caso colonial de Puerto Rico,   son evidencia de que Estados Unidos se mantiene al margen del sistema internacional de derechos humanos.

En tanto, el abogado Carlos del Vallle,  recién nombrado comisionado de la Comisión de Derechos Civiles,  destacó que  el  pueblo  de Puerto Rico se ha declarado inequívocamente en contra de la pena de muerte desde la creación de nuestra Constitución,  en 1952, que la prohibe.

A pesar de ello, indicó,  el Gobierno  federal ha tratado de instituirla en Puerto Rico  por medio de los delitos criminales que conllevan este castigo  en los Estados Unidos. “Nuestro pueblo, gracias al esfuerzo  legal y de concientización del movimiento en contra de la pena de muerte  ha evitado la transgresión de nuestros valores patrios como seres humanos”, dijo.

  En Estado Unidos, agregó ,  se continua con una retrógrada mentalidad.

“Los argumentos en contra de la pena de muerte en Estados Unidos  los podemos definir como: la dignidad de la vida humana, que todavía permea  en  el pensamiento de muchos grupos religiosos y seculares; la manera discriminatoria en  contra de grupos minoritarios raciales y étnicos de bajos recursos económicos, a la cual afecta; y  el recurrente error de identificación  con relación a los acusados”, expuso.

El  proyecto de DNA, agregó,   ha logrado demostrar  y revocar la pena en un centenar de casos.

Otro argumento, indicó Del Valle,  para repudiar este castigo es   el gran dolor y sufrimiento que causa,  porque los medios de su implementación  padecen de deficiencias.

“Todas estas objeciones hacen llorar a los ojos de todas las persona que guarden la dignidad de la vida como su valor principal”, sentenció.