La mitad (sí, el 50 %) de una casita en Bayamón pasó a ser propiedad de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en 1991. La codueña sigue viviendo allí. La residencia tiene un valor de $105,000 y una deuda de $83,859 con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

¿Qué puede hacer la UPR con esa vivienda? No contemplan muchas opciones, como sucede con otras propiedades de lo que parece ser un tesoro maldito. 

Todos aquellos bienes de personas que fallecen sin herederos, son transferidos a la institución educativa y aunque parecería que podrían ser de gran provecho, la administración universitaria prepara propuestas al gobierno para agilizar lo que suele ser un proceso tedioso, costoso y casi imposible: disponer de los inmuebles e identificar compradores.

El director de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura, Fernando Plá, planteó la posibilidad de que el centro docente decida cuáles propiedades conservar. “Si no, que el mismo estado se quede con ellas, las subaste o haga lo que necesite”, dijo el ingeniero en entrevista con Primera Hora. De lo contrario “no hay ningún beneficio económico”.

Actualmente, la UPR tiene en su inventario ocho propiedades a las que no le han identificado algún uso académico, administrativo o investigativo, pero por su grave estado de deterioro, por su ubicación en lugares aislados, por problemas legales (algunas ni siquiera “existen” porque no se encuentran registros de ellas y no se pueden tasar) o por deudas considerables con el CRIM, resulta casi imposible identificar compradores o gestionar la venta. Desde el 2011 solo han vendido dos.

“Lo que se hereda es trabajo”, sostuvo Plá. Apenas en tasaciones y un empleado a tiempo completo dedicado a trabajar estrictamente con esto, la UPR paga cerca de $100,000 anuales, aseguró el funcionario.

Mientras tanto, otras catorce propiedades quedan pendiente al proceso de Declaratoria de Herencia y traspaso. 

Aunque todavía no hay una postura oficial por parte de la institución pública, una de las posibilidades que se discute en la Administración Central es que, si la propiedad no tiene uso institucional, se le solicite al Departamento de Justicia que ordene una venta a través de Tribunales y que transfiera el valor a la UPR. 

Pero eso sería de cara al futuro. Con los inmuebles que tienen hoy, Plá sugirió que las “que les pertenezcan al 100 % (a la UPR), se les pueda donar a municipios y fundaciones” a través de un proceso ágil aun por elaborarse.

Esas otras como la casita en Bayamón, que cuentan con un codueño, se les podría traspasar la mitad por el costo del procedimiento mismo como la gestión legal, sugirió el ingeniero. De las ocho propiedades, la UPR posee solo el 50 % de al menos cinco de ellas. Esto sucede principalmente porque la viuda o el viudo del propietario posee la mitad, explicó.

Sin presidente de la institución y sin presidente de la Junta de Gobierno, todo aquello que no sea plan fiscal y presupuesto y particularmente este asunto de las herencias han quedado en pausa.

No todo está en olvido

Entre las propiedades figura un terreno en Ponce con valor de $35,000, invadido por cerca de 25 casitas. Fue transferido en 1939 y, según informes de la UPR, ya entonces tenía residencias de personas ajenas al propietario fallecido. Hace más de 60 años que la institución ha quedado cruzada de brazos.

Un 50 % de una casita en Vieques también cayó en las manos de la universidad, pero se desconoce el paradero de los coherederos, aunque incluso en algún momento se le observó inquilinos y hasta persiguieron a una empleada de la institución al confundirla con una tasadora del CRIM, narró Plá.

Sin embargo, hay tres edificios a los que le han identificado usos, como el Darlington, antiguo dormitorio estudiantil en Mayagüez, la antigua Planta Piloto de Ron y el Edificio Puerto Rico, ambos en Río Piedras.

“Se le está buscando novio al edificio”, dijo el ingeniero en broma, pero en serio. Vislumbran posibles alianzas público-privadas.

En algunos de estos casos se han identificado desarrolladores, pero terminan echándose para atrás. 

“Los inversionistas se asustan. Los trámites burocráticos, no solamente de la Universidad, sino del gobierno, hacen las cosas tan y tan lentas que el inversionista privado se asusta y se va”, comentó Plá. 

En otros casos -la minoría- la UPR ha recibido apartamentos en buenas condiciones y el reto está en lograr la venta al precio de tasación en un mercado deprimido, como le exige la institución a la oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura. 

El ingeniero aclaró que las propiedades pasan primero al Estado Libre Asociado y luego se traspasan a través de Justicia, lo que en ocasiones demora hasta siete años a partir de la defunción del propietario.

La Legislatura está pendiente

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han comenzado a “investigar” el manejo y disposición de estos bienes.

La Comisión de Educación, Arte y Cultura, presidida por Guillermo Miranda Rivera, deberá presentar un informe en tres meses y aunque han solicitado información y datos a la oficina del ingeniero Plá, aun no los han citado para vistas públicas o cualquier otra gestión. 

Al tiempo que se redactaba este artículo, la oficina recibió la misma petición por parte del presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado, Abel Nazario.