Embargo del IRS al Municipio de Naguabo-VÍDEO

02/02/2013 |
El alcalde Noé Marcano, izquierda, aseguró que los servicios del Municipio no se verán afectados por el embargo. (jose.rodriguez@gfrmedia.com)  
La pasada administración no pagó el seguro social a pesar de que retenía el dinero a los empleados.

El Servicio de Rentas Internas Federal (IRS) le embargó al Municipio de Naguabo $100,000 por una deuda relacionada con el pago de seguro social de los empleados.

El alcalde entrante novoprogresista, Noé Marcano, explicó que la pasada administración de Maritza Meléndez, también de la Palma, no cumplió con dicho pago por los meses de julio a diciembre a pesar de que el dinero se le estaba descontando a los funcionarios.

Con los $100,000 se salda la deuda correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, pero aún se adeuda el último trimestre del 2012. “En cualquier momento, probablemente, sufrimos otro embargo de parte del IRS para poder hacer el cierre del año”, vaticinó el líder ejecutivo.

Pero los problemas no terminan ahí porque el ayuntamiento le debe, prácticamente, a cada santo una vela, como dice el refrán. Marcano detalló que le adeudan $400,000 al Sistema de Retiro, $350,000 al Departamento del Trabajo, $375,000 a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (Aeela) y otros $100,000 al plan de salud First Medical, con el cual los empleados están asegurados.

Igualmente, tienen que cumplir con el pago de varios contratos que están en su etapa final. Los fondos para estos servicios y proyectos, entre los cuales está la modernización de la plaza pública, se garantizaron a través de resoluciones conjuntas, sin embargo, el dinero se utilizó para otros fines. “Entiendo que para pago de nómina u otras situaciones del Municipio. No hay dinero para pagar a esos contratistas”, denunció.

Al momento, con excepción del recogido de escombros, los servicios a la ciudadanía no se han visto afectados, pues han logrado acuerdos con las entidades a las que les adeudan dinero. “No hay contrato con ningún vertedero, ya que se le adeudaba a la compañía que tiene el vertedero en Fajardo y por esa razón no podemos dar un servicio a la comunidad directo”, abundó al decir que está en conversaciones con el Municipio de Juncos para poder descargar allí.

Aseguró que en los pasados días han estado auscultando alternativas para atraer fondos a las arcas, como es la posibilidad de refinanciar algunos de los préstamos. Además, ya le solicitó una reunión al gobernador Alejandro García Padilla.

“Es una situación bien crítica, no hemos podido, tan siquiera, culminar los nombramientos de nuestro Gabinete... no tenemos para poder pagar la nómina. Tenemos 32 empleados transitorios, que son esenciales para ofrecer los servicios y están fuera porque no tenemos dinero para extender su nombramiento”, comentó.

Marcano, de 32 años, alegó que desconocía de la magnitud de la crisis financiera a la que se enfrentaba. “En pueblos pequeños, como dicen, campana grande... uno conoce rumores, pero cuando se está dentro es que se sabe la realidad”, apuntó el alcalde, que tendrá que bregar con un déficit de $4.8 millones y una deuda pública de $9 millones.


Se pagará la nómina

El alcalde , quien trabajó en la Legislatura, precisó que con la llegada de la remesa del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) tiene los fondos necesarios para cumplir con la primera quincena del mes de febrero.

Para la segunda, están buscando alternativas. “Ya, para entonces, yo espero haber tenido una reunión con el gobernador y esperamos tener otros alivios”, mencionó el alcalde, que tiene un sueldo de $4,000 mensuales.

Aunque la situación es delicada, empleados municipales consultados por Primera Hora, alegaron estar tranquilos y confiados en que la situación se resolverá. “Todo Puerto Rico está mal económicamente. No me sorprende (la situación)... yo confío en la nueva administración”, señaló Brande Díaz, que lleva cuatro años en el ayuntamiento.

Una vez tenga el panorama exacto, Marcano no descartó referir a la ex alcaldesa para investigación a las entidades pertinentes, ya sea el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor o al Comisionado de Asuntos Municipales (Ocam), entes locales con injerencia a intervenir por negligencia en el cumplimiento del deber.