Así lo reveló ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, al hacer público el informe del oficial investigador Ernie Cabán, que además de confirmar que Rodríguez Ruiz agredió en el rostro a su subalterna, Soniel Torres Suárez, el pasado 11 de noviembre, le imputa la contratación de un empleado fantasma y otros señalamientos graves de malversación de fondos públicos en su corta incumbencia en la Casa de las Leyes.

Amparado en el informe, Méndez le radicó a Rodríguez Ruiz una querella a las 6:13 de la tarde de ayer en la Comisión de Ética de la Cámara y también refirió los hallazgos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.

“Se utilizó dinero del pueblo de Puerto Rico para el lucro personal”, dijo el líder cameral al detallar que la directora de la Comisión de Donativos Legislativos, Darilly Torres Santiago, confirmó bajo juramento que a principios de enero el representante le ordenó crear dos corporaciones (Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas) “utilizando equipos y materiales de la Cámara de Representantes”. 

En el caso de Futuros Deportistas, creada el 10 de enero de 2017, precisó Méndez que en agosto se enmendó el certificado de incorporación para incluir al hermano de Torres Suárez, quien ahora representa la corporación.

Las organizaciones presentaron sus propuestas a la Comisión de Donativos Legislativos y lograron la asignación de fondos mediante una resolución conjunta, pero Méndez dijo que durante el proceso de auditoría que se hace previo a la otorgación de los fondos “levantaron bandera de esas asignaciones”, paralizándolas.

Si se hubiesen desembolsado los fondos, una de las corporaciones hubiese recibido $40 mil y la otra $30 mil, dijo Méndez.

El informe sostiene que las organizaciones no cualificaban para recibir donativos debido a que no tenían historial de servicio comunitario, no tenían sede, documentos del Departamento de Estado ni exención del Departamento de Hacienda para recibir donativos.

Otra de las irregularidades señaladas en el informe se relaciona con la compra de una guagua Toyota Tacoma blanca, adquirida en marzo de 2017 por Torres Suárez y que es utilizada por el representante Rodríguez Ruiz para transportarse al Capitolio, hacer trabajos en el distrito y “para llevar a cabo las trullas navideñas”.

El informe de Cabán también reveló que en marzo Rodríguez Ruiz contrató a “un amigo” a razón de 40 horas semanales, pagándole $50 la hora y los empleados entrevistados confirmaron que jamás lo vieron trabajando para el representante. “Facturó por abril, mayo y junio pasados, esto a pesar que desde agosto de 2013 es empleado a tiempo completo del Colegio San Antonio en Guayama”, dijo el líder cameral.

Sostuvo que el legislador pudo haber incurrido en dos infracciones a la Ley 54 (maltrato y maltrato mediante restricción a la libertad, violaciones al Código Penal, intrusión en la tranquilidad personal, obstrucción a la autoridad pública y persuasión de incomparecencia de testigos), violación a la Ley de Ética Gubernamental y al Código de Ética de la Cámara de Representantes.

“Todas estas alegaciones van a tener unas consecuencias penales”, dijo Méndez al reiterar el pedido de renuncia que le hizo a Rodríguez Ruiz desde el pasado 4 de diciembre. Ayer le volvió a pedir que dimita al escaño “para que le evite a la Cámara el tener que expulsarlo en un juicio por residenciamiento”. 

No precisó cuándo se daría el proceso de expulsión, ya que al legislador le asisten unos términos en la Comisión de Ética.

El informe también pide que se investiguen posibles irregularidades en los donativos electorales que el legislador le atribuyó a Rafael Rodríguez, a Torres Suárez y otros familiares y empleados en sus informes a la oficina del Contralor Electoral.

El 11 de noviembre pasado, Rodríguez Ruiz fue señalado como presunto agresor de su subalterna en un incidente de violencia de género. Luego ella cambió la versión, a pesar de haberlo identificado con su puño y letra en la querella y de haber mostrado su foto a la Policía.

Torres Suárez, en su testimonio a los agentes, dijo que tenía una relación de pareja con el legislador “durante más de seis meses”.

“Soniel es una víctima en todo esto”, dijo el presidente de la Cámara y se reafirmó en que le ofrecieron protección a la fémina y ésta la rechazó.

La investigarán

Ante los nuevos señalamientos del informe, corresponde al Departamento de Justicia evaluar si Torres Suárez participó en un posible esquema de malversación de fondos en la oficina de Rodríguez Ruiz.

“Si no hubiera habido una persona valiente que se tomó la molestia de poner bajo juramento esas acciones, que es lo que le hemos pedido también a la víctima, que hable, que nosotros estamos dispuestos a protegerla, a lo mejor nos hubiésemos dado cuenta previo a la erogación de los fondos y ahí hubiese comenzado también una investigación”, dijo Méndez.

El informe indica que antes de comenzar a trabajar con el representante, Torres Suárez devengaba $1,750 mensuales como maestra de español. En el Capitolio, como directora de la oficina de Rodríguez Ruiz, tiene un sueldo de $5,850 mensuales, pero la fémina “le ha manifestado a varios empleados que su salario es de $3 mil mensuales”.

El informe dice que los abogados Nicolás Ramos y Yaliz de Jesús llegaron al hospital Menonita en Guayama, cuando Torres Suárez era entrevista por policías. “Un oficial de la Policía, bajo declaración, dice que le molestó la insistencia de que el abogado quisiera ponerle palabras en la boca a la víctima. Todo eso es evidencia que se somete al Departamento de Justicia”, indicó.

Contrario a lo que dijo Rodríguez Ruiz a los medios de comunicación, el informe sostiene que el legislador conoce personalmente al licenciado Fernando Echegaray, quien tomó la declaración jurada en la que Torres Suárez se retracta y exonera al representante de los hechos. 

Según el informe, Echegaray celebró una fiesta de agradecimiento el 17 de diciembre de 2016 en su hacienda. Además, dice el documento, que el letrado es hijo del dueño del shopping center donde el representante tiene establecido su punto de encuentro con sus empleados y un local separado para su oficina de distrito.

Primera Hora acudió ayer la oficina de Rodríguez Ruiz en el Capitolio y dos empleados indicaron que no se encontraba y que estaba “en el distrito”. Este diario lo llamó a su celular, pero estaba apagado.