El Cuerpo de Emergencias Médicas (CEM) necesita al menos diez ambulancias nuevas con el equipo necesario para proveer cuidado médico avanzado, y llenar entre 50 y 60 puestos que han quedado vacantes debido a renuncias y jubilaciones.

Para hacerlo, necesitaría una asignación adicional de $1.2 millones para el pago de nómina y $1.6 millones para la compra de las ambulancias, valoradas en $160,000 cada una, según el director ejecutivo interino del CEM, Juan Ángel Nazario Fernández.

Y es que, de acuerdo al funcionario, a principios de cuatrienio el CEM tenía 808 empleados, pero actualmente esa cifra es de 734, unos 74 empleados menos. La situación se agravará con una treintena de empleados que tienen previsto acogerse próximamente al Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno.

De igual forma, las diez ambulancias nuevas se sumarían a las 111 que actualmente utilizan y que son categoría III, con equipo para ofrecer los servicios de una sala de emergencias y disponibles todos los días durante las 24 horas.

Nazario Fernández compartió esta información durante una vista de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, liderada hoy por César A. Hernández González, vicepresidente de la entidad.

"Hay que buscar los recursos para que los paramédicos estén ahí y las ambulancias tengan su personal", dijo Hernández González.

 El presupuesto recomendado para el CEM por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el año fiscal 2013-2014 es de $35,751,000, lo que refleja una disminución de $793,000 en comparación con el presupuesto actual

 La reducción afecta la partida destinada al pago de nómina debido al estimado de jubilación de empleados y recortes en la cantidad de empleados de confianza.

Pero el CEM podría recibir dos ambulancias más pronto de lo que espera ya que el director ejecutivo de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, Roberto Fuentes Maldonado, dijo que tienen identificados los fondos para adquirirlas antes de que termine este año.

El Servicio del 9-1-1 tiene $40 millones en activos que provienen de un cargo que cobran por llamada. Según Fuentes Maldonado, esa agencia recibe entre 9,000 a 10,000 llamadas al día. Por el contrario, el servicio 3-1-1, que es una línea para solicitar servicios al Gobierno y que también es administrada por el sistema de emergencias, recibe unas 400 diariamente.

Este último sistema, el 3-1-1, no es autosustentable y, desde su implantación el año pasado, le ha costado al Servicio 9-1-1 unos $2 millones, principalmente en el pago de nómina ya que originalmente tenía una plantilla de 80 empleados.

Fuentes Maldonado indicó que la cantidad de empleados en esa línea ha disminuido ya que se trataba de contratos transitorios que no han renovado una vez se vencen. Dijo que actualmente ese servicio, que se ofrece de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., tiene unos 40 empleados y que la cifra óptima sería de 30. Agregó que a este servicio solo 19 agencias están adscritas y pagan aproximadamente $1,000 al año.

Por el contrario, el sistema de emergencias 9-1-1, tiene 105 telecomunicadores distribuidos en dos facilidades distintas, indicó el funcionario.

 En la audiencia, el representante Hernández González urgió al director de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 a referir a alguna agencia investigativa la información relacionada a una demanda por el pago de $4.3 millones que se transó en verano pasado por $1.7 millones con una compañía de telefonía.

"Eso fue en la pasada administración y se llegaron a unos acuerdos donde se transó dicha cantidad, no sabemos cuál fue el curso de la negociación, pero por menos de la mitad de la deuda", explicó Fuentes Maldonado sin nombrar la compañía.

Asimismo, indicó que un abogado interno de la agencia fue quien transó el caso, y aclaró que ese letrado ocupaba un puesto de confianza y que ya no trabaja con ellos.

Cruz Roja y los refugios

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), Miguel A. Ríos Torres, indicó que trabaja un proyecto para que la Cruz Roja Americana retome la administración de los refugios que se habilitan en las escuelas públicas en momentos de desastres y que actualmente son administrador por el Departamento de la Vivienda (DV).

"Yo estoy encaminado a traer un proyecto para que la Cruz Roja pueda volver a administrar los refugios como lo hacía antes. Este es el único territorio o estado donde la Cruz Roja no lo hace. Lo hacía en una época, cuando yo estuve en la agencia en 1985, que estaba aquí, y luego se cambió a Vivienda esa función", explicó el funcionario.

"La Cruz Roja es una entidad totalmente nacional que tiene unos recursos en caso de unos desastres mayores que son bien importantes para la administración y el mantenimiento de los refugios. Estamos reestructurando todo para traer un proyecto para que ellos puedan integrarse nuevamente", reiteró.

Ríos Torres explicó que para la década del 1980, el Gobierno decidió asumir la administración de los refugios, en ese momento a cargo de la Cruz Roja, ya que tenía que responder a las quejas y los reclamos de los refugiados.