El juicio incoado por Walmart Puerto Rico en contra del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, comenzará mañana, martes, en el Tribunal Federal, Sala de San Juan, ante el juez José A. Fusté.

La compañía reclama que se paralice la Ley 72 de 2015, que aumentó el impuesto que paga aquí Walmart sobre compras que realiza a su matriz en Estados Unidos.

Uno de los ocho abogados de Walmart, Neal Manne, adelantó que presentarán 11 testigos, entre los que figura el propio Zaragoza y la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta.

Durante una conferencia con antelación al juicio llevada a cabo este lunes, Fusté aclaró a las partes que el juicio es público, que no puede hacerlo en secreto, pero que emitió una orden protectora y una orden de mordaza para evitar que se exponga información clasificada y confidencial. 

Fusté destacó que la prueba no será publicada en los monitores en sala, como usualmente se hace en otros casos, pero que sí podrán entregar los documentos a los testigos.

"Se protegerá la integridad de la prueba para proteger su información. No estará disponible para el público a través de los monitores. Se va a proteger la información sin sacrificar por lo que estamos aquí", destacó Fusté durante la corta vista, en la que recordó que el proceso judicial comienza mañana.

El recurso de Walmart Puerto Rico contra el Departamento de Hacienda fue presentado en el Tribunal Federal el pasado 4 de diciembre y cuestiona la constitucionalidad de la Ley 72 de 2015, El demandante reclama que la corte ordene la paralización de dicho estatuto.

La parte demandante alega que la Ley 72 viola la cláusula de comercio interestatal, la de igual protección, así como la ley de relaciones federales. La tasa contributiva es estimada por la empresa en 91.5%. La empresa alega que esa tasa sería la más alta en cualquier sitio donde operan y, de mantenerse, sería "devastador" para la compañía.

"Este dramático y singular impacto en Walmart Puerto Rico no es un accidente. Como fue ampliamente reportado al momento de aprobarse la Ley 72, el nuevo impuesto específicamente aplica a las megatiendas que tienen relación de negocios con otras de sus compañías en la nación, entiéndase Walmart Puerto Rico y otras", lee la demanda.

Walmart Puerto Rico Inc. opera 55 tiendas en la Isla, incluyendo los Walmart Supercenters, Walmart, los Sam’s Club, Super Ahorros y Supermercados Amigo. La empresa dice que emplea a casi 15,000 personas y que, alegadamente, recauda casi $100 millones por concepto del Impuesto de Ventas y Usos (IVU) anualmente.