La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica reiteró este jueves su reclamo de que se revisen todos los subsidios que se le imponen a dicha corporación y su postura de que afectan la situación financiera de la agencia y aumentan además el costo de electricidad.

 “Demás está decir que si se eliminan todos los subsidios, los clientes podrían ver sus facturas reducidas en cerca de un 10% (sobre $400 millones) y ahorros promedio para los consumidores de cerca de $300 anuales en sus facturas”, expresa la ponencia escrita de la Alianza que fue presentada por el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

 Dicha comisión evalúa el impacto de los subsidios a los clientes de la AEE sobre las finanzas de dicha corporación pública.

En su exposición la Alianza sostuvo que para el año 2013 cerca del 33% de los clientes de la AEE se beneficiaron con $80 millones en subsidios, cifra que, aclaran, no incluye el subsidio a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el arreglo que mantiene la corporación con los municipios del País, lo que representa cerca de $280 millones al año.

“Esos subsidios producen para estos clientes un costo de energía eléctrica menor a costa de la mayoría de los clientes de la AEE, que son aproximadamente el 67%. En particular destacan el CELI (Contribución en Lugar de Impuestos) a los municipios, el subsidio a la AAA y los señalamientos sobre subsidios a los hoteles y a los industriales”, dijeron.

Estimaron en cerca de $400 millones el costo anual de estos subsidios, cuando se incluyen los $280 millones del CELI y otros $37.2 millones que estimaron para la tarifa preferencial de la AAA.

La Alianza fue particularmente crítica del llamado CELI, al que cuestionaron su constitucionalidad y calificaron como un error que impone costos exorbitantes a la AEE.

“La coyuntura fiscal en la que se encuentra la AEE y el País, convierten al CELI en un cargo arbitrario e irrazonable, y por ende, su inclusión en la factura es inconstitucional”, argumentaron.

 “El CELI es realmente una incautación de la propiedad privada, ya que los clientes se nos priva de nuestra propiedad privada, a través de la factura, para luego entregarle nuestra propiedad a los municipios que son parte del Estado”, agrega el escrito.

 El grupo sindical reclamó además de la comisión cameral que investigue la razón por la cual no se implantaron las disposiciones de la Ley 233-2011, que establecía un límite en lo que la AEE aportaría a los municipios y excluía de este subsidio o arreglo contributivo las instalaciones públicas donde ubiquen establecimientos con fines de lucro y por las cuales el Municipio reciba remuneración.

“Se debe recomendar que se analice quién o quiénes pueden ser responsables por tal incumplimiento, para con ello fijar responsabilidades”, indican.

Finalmente, la Alianza propuso que la Comisión recomiende la revisión total de los subsidios, “para que estos se ajusten a los tiempos, pero en particular a la situación financiera de la AEE y del País”.

 Subrayaron que los que deben ser revisados o eliminados son “principalmente el de los municipios, hoteles e industrias”.

 “Es totalmente incorrecto afirmar que los subsidios no afectan la situación financiera de la AEE, ya que la evidencia aquí señalada apunta a lo contrario”, concluyen.

Además de Garavito comparecieron en representación de la Alianza Evans Castro , presidente de la Unión de Empleados Independientes y Ernesto Santiago, presidente de la Asociación de Jubilados.