La Unión de Empleados del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se manifestará este lunes en la mañana frente al Departamento del Trabajo para repudiar la alegada intransigencia del patrono a negociar aumentos de salarios y denunciar que les enviaron una carta en la que supuestamente los amenaza de despidos sin no regresan a trabajar, informó la presidenta del sindicato María Teresa Rodríguez.

 “Durante el más reciente intento de la Unión del BGF de llegar a un acuerdo que termine con el conflicto que los ha mantenido durante 21 días en la calle, esta vez a través del proceso de arbitraje del Departamento del Trabajo, la gerencia del BGF se niega a negociar con los empleados en huelga y, en su lugar, les entregó una carta amenazándolos de que si no se reportan a trabajar hoy, lunes 7 de julio, serán despedidos. Todo lo anterior, a pesar de que el gobernador Alejandro García Padilla prometió que no habrá despidos en el país”, afirmó Rodríguez en comunicado de prensa.

La líder sindical precisó que el reclamo que hacen va más allá de la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional, la cual le quitará derechos adquiridos. Afirmó que el BGF les debe aumentos salariales que se supone se dieran hace cuatro años atrás y que existe una alegada inacción del patrono a aplicar el convenio colectivo vigente.

“Además, la Unión se reafirma en que los aumentos salariales que llevamos más de cuatro años sin recibir son justos y no representan un gasto oneroso para el Banco o dañan su situación presupuestaria. Todo lo contrario, los empleados unionados representamos menos del 25% del gasto total de nómina del BGF, siendo casi el 60% de los trabajadores del Banco”, detalló Rodríguez.

 Rodríguez reiteró que la gerencia del BGF se niega a negociar. Explicó que el pasado martes, 1 de julio, había una cita en el Departamento del Trabajo para comenzar el proceso de arbitraje. Dijo que el patrono no acudió a negociar y que en cambio le entregaron la carta en la que supuestamente se les amenaza con despidos.

 “El Banco ha optado por no resolver de forma oportuna una situación que data de la administración pasada, dando de largas al asunto, denotando falta de interés en atender los justos reclamos de su trabajadores. Ahora trata de traer esta controversia al amparo de la recién aprobada Ley 66 indicando que el referido estatuto prohíbe todo tipo de aumento y pagos extraordinarios”, concluyó.