Cientos de empleados públicos se reportaron hoy a su último día de trabajo en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (ALMM).

Así lo informó Astrid Rosario, presidenta de la Hermandad de Empleados de Oficina y Ramas Anexas de la Autoridad de Puertos (AP).

Según la líder sindical, más de 170 empleados públicos laborarán por última vez en el aeropuerto antes de ser trasladados a otras dependencias gubernamentales.

 "Por lo menos no serán despedidos y serán reubicados en otras instalaciones de la Autoridad de Puertos (AP). Pero nunca estuvimos de acuerdo con todo esto, que además ocurrió muy rápido y en un proceso atropellado", sostuvo Rosario.

"Algunos van a aeropuertos regionales y otros van ser ubicarán en otras áreas de la AP, pero la Autoridad no estaba atemperada para esto. Poco a poco van a ir acondicionando esos lugares para esos empleados, a los que ya les quitaron sus identificaciones de acceso al aeropuerto", agregó.

 Asimismo, denunció que Aerostar "se quedó con herramientas, vehículos y maquinaria de la AP. ¿Con qué van a trabajar ahora estos empleados en sus nuevos puestos de trabajo? Ahora tienen que ir a subastas para compras y otras cosas que atrasan todo, cuando la AP tuvo desde enero para coordinar todo esto".

Después de que se cerrara el acuerdo para que la empresa Aerostar se hiciera cargo de las operaciones del ALMM, a los empleados públicos les ofrecieron renunciar a sus plazas en el gobierno para ser contratados por la compañía privada de forma voluntaria. Rosario señaló que cinco aceptaron la oferta de forma voluntaria.

Aerostar y el gobierno de Puerto Rico llegaron a un acuerdo el año pasado para que la empresa le pague $615 millones para operar el ALMM por los próximos 40 años.

Dos años antes de que surgiera el acuerdo, Rosario había encabezado varias manifestaciones del sindicato para denunciar que la administración gubernamental había dejado decaer la instalación para justificar una privatización.

Tras el acuerdo, la polémica se extendió, debido a que la administración del gobernador Alejandro García Padilla, al entrar en enero, no detuvo la transacción, que culminó en febrero con el aval de la Administración Federal de Aviación.