La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) demandó al gobernador, Alejandro García Padilla, a los presidentes de los cuerpos legislativos y de las comisiones que trabajaron en el proyecto de la Ley de Empleos Ahora alegando por la vía judicial que al aprobar dicho estatuto, violaron la Ley de Reforma Fiscal de 2006.

El grupo sostiene en su recurso judicial que el Gobierno no presentó las certificaciones requeridas por el Departamento de Hacienda que evidencien que existen o existirán los fondos suficientes para pagarle a la AEE los créditos energéticos que otorga esa nueva ley.

 Según los demandantes, la falta de tal certificación, además de una violación de ley, representa una seria amenaza de posibles alzas en el costo de electricidad para todos los consumidores si en su momento el Departamento de Hacienda no tiene los recursos para cubrirle esos créditos a la AEE.

En el recurso judicial, se le solicita al tribunal que ordene a los demandados cumplir con los requisitos de la Ley de Reforma Fiscal y que produzcan las certificaciones que justifiquen lo dispuesto en la Ley.

“Al hacer esta exigencia, lo hacemos con el doble propósito de, primero, prevenir un nuevo incremento en la factura de luz de todos los abonados de la AEE; y segundo, intentamos ponerle fin a la práctica irresponsable de legislar sin considerar el impacto de las leyes que se promulgan sobre el bolsillo de los ciudadanos y la estabilidad fiscal de los organismos del estado”, sostuvo el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Angel Figueroa Jaramillo, quien actuó como portavoz del grupo.

Figuran además como demandantes Herminio Cardona Díaz, presidente de la Asociación de Gerenciales; Evans Castro Aponte, presidente de la Unión de Empleados Profesionales y Ernesto Santiago, presidente de la Asociación de Jubilados.

Además de García Padilla, están demandados el presidente de la Cámara, Jaime Perelló; el presidente del Senado, Eduardo Bhatia; y los presidentes de comisiones Luis Raúl Torres, Javier Aponte Dalmau y Rafael Hernández Montañez, en la Cámara, y Angel Rosa y Luis Daniel Rivera Filomeno, en el Senado.

“Deseamos dejar meridianamente claro que nuestra demanda no está fundamentada en una oposición a la creación de nuevos empleos, permanentes y bien remunerados”, aclaró Figueroa Jaramillo.

“Mediante el referido recurso se le exige a los demandados cumplir con sus respectivos deberes, que incumplieron a la hora de aprobar la referida legislación. Dicho incumplimiento produce, entre otras cosas, que aumente el déficit fiscal del Fondo General y que aumente la factura de luz”, afirmó.

La Ley de Empleos Ahora incluye un crédito para el pago de energía a los patronos que recluten empleados nuevos. Dicho crédito es hasta un máximo de $2,000 anual, para los empleados que se recluten durante el primer semestre de este año, hasta $1,000 los que se recluten en la segunda mitad y $500 por aquellos trabajadores que se recluten durante los primeros seis meses del próximo año.

El gobierno sostiene que ese crédito se pagará de las contribuciones que deberán aportar esos nuevos empleados y que retienen los patronos al preparar sus nóminas. En los casos en que el empleado no tenga que aportar al erario por contribución sobre ingresos, se dispone que Hacienda aportará lo que se estima que ese empleado pagará en impuesto sobre ventas y uso (IVU) durante ese año.

El argumento oficial es que la aportación, tal y como fue diseñada, será neutral para erario, ya que son recursos con los que no contaba Hacienda cuando esas personas estaban desempleadas.

Eso es precisamente lo que cuestiona la Alianza de la AEE en su demanda, e insisten en que se tiene que cumplir el requisito de ley de emitir tales certificaciones bajo juramento.

La jueza del Tribunal de Primera Instancia Giselle Romero García dio diez días a los demandados para que respondan el pleito y según Figueroa Jaramillo ya todos fueron emplazados.