La contralora Yesmín Valdivieso refirió a una empleada del gobierno municipal ponceño al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental, por favorecer a un proveedor en el proceso de compras para un programa de donativos otorgados por la Oficina de Servicios al Ciudadano.

De acuerdo al sexto y último informe realizado por la Contraloría de Puerto Rico al Municipio de Ponce, publicado el 24 de septiembre de 2018, la empleada realizó 524 órdenes de compra por $517,107 a favor de un proveedor de muebles y enseres electrodomésticos para el hogar. 

Entre los años 2009 al 2012, excluyó a otros siete proveedores, en cuyas cotizaciones aparecieron escritas las siglas C.O.D (Cash on Delivery), en frases como: “Se exige pago C.O.D., Cash Pago C.O.D. o Requiere Pago C.O.D.”.

Según la auditoría de un hallazgo, las referidas siglas se escribieron en una tinta diferente al color del documento original. “Un examinador de documentos (perito) del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la compradora fue la autora de las cotizaciones examinadas”.

Las cotizaciones fueron provistas por ciudadanos que acudían a solicitar servicios de esa oficina municipal.

“Los técnicos que recibían a los ciudadanos indicaron que las cotizaciones recibidas no tenían las siglas añadidas de C.O.D. y los proveedores entrevistados indicaron que no escribieron las siglas ya que siempre estuvieron dispuestos a ofrecerle crédito al Municipio”, señala el informe.

“Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, las cotizaciones presentadas por los proveedores no contenían el nombre, título ni la firma del funcionario o empleado que recibió, aceptó y adjudicó las mismas. Además, la compradora realizaba funciones conflictivas como firmar las requisiciones de compras, evaluar las cotizaciones, adjudicar las compras y, recibir y entregar los cheques de pago”, destacó la Contraloría.

La situación fue referida al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el pasado 18 de mayo, para las determinaciones administrativas o judiciales pertinentes.

Por su parte, la alcaldesa María “Mayita” Meléndez, indicó que “el Municipio tomó las medidas correctivas, incluyendo, la suspensión sumaria de la empleada señalada el pasado 14 de agosto”.