Tres proyectos de ley que devuelven al Colegio de Abogados funciones y fondos que le fueron retirados durante el pasado cuatrienio cuando se legisló para eliminar la colegiación compulsoria, fueron apoyados hoy en vistas públicas camerales por los directivos del Colegio, la Comisionada de Seguros y la Asociación de Notarios de Puerto Rico, esta última condicionando su apoyo a que no se le quiten fondos que le fueron ya otorgados.

Los proyectos son de administración y devuelven al Colegio de Abogados la posesión de los expedientes de los colegiados, restituyen la capacidad de este organismo para expedir fianzas notariales y le devuelven la totalidad del importe producto de la venta del Impuesto Notarial, que los notarios están obligados a cancelar.

“La ley 121 de descolegiación impuso de forma arbitraria y en detrimento de la relación de fiducia preexistente entre la institución y sus afiliados, que el Colegio de Abogados remitiera dentro de un plazo determinado al Tribunal Supremo de Puerto Rico los expedientes de los y las que no se colegiaran”, recordó la presidenta del Colegio, Ana Irma Rivera Lassén.

Propuso una enmienda al proyecto para que disponga que esos expedientes pertenecen a la institución y que los abogados que cesen de pertenecer a esta podrá reclamar copia de su expediente.

Sobre el proyecto que restaura la capacidad del Colegio para expedir fianzas notariales, expresó que “no tenía propósito válido y legítimo la aprobación de la Ley 158, despojando al Colegio de la administración del Fondo de Fianza” e indicó que esto produjo como efecto inmediato un ambiente de confusión y desorganización entre los notarios y notarias.

 Finalmente, sobre el proyecto que devuelve la totalidad del importe producto de la venta del impuesto notarial, afirmó Rivera Lassén que la medida “reivindica al Colegio de Abogados devolviéndole una de las prerrogativas que tuvo por muchas décadas”.

 “Es evidente, agregó, que la intención legislativa tenía como propósito minar los recursos económicos del Colegio”.

 Sobre este proyecto, la presidenta de la Asociación de Notarios de Puerto Rico, Luigi Rivera Rodríguez, objetó que se le entregue la totalidad del importe al Colegio y reclamó que se le permita seguir recibiendo el 50% de este, según le fue asignado por la mencionada legislación.

Argumentó Rivera Rodríguez que la Asociación nunca había recibido fondos en los 26 años de su existencia. Explicó que esos fondos se están utilizando para la organización de seminarios y otras actividades de educación continua para los notarios.

 Aclaró que su posición no pretende colocar a la Asociación frente al Colegio, y explicó que “entendemos que en el balance de los intereses en controversia lo más sabio y justo es mantener el 50% del impuesto notarial a la Asociación de Notarios de Puerto Rico y mantener el otro 50% al Instituto del Notariado Puertorriqueño”. Este último está adscrito al Colegio de Abogados.

Luis Vega Ramos, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, que evalúa las tres medidas, adelantó que intentará buscar un acuerdo entre ambas organizaciones que resuelva la “controversia amistosa”.

 La intervención de la Oficina de la Comisionada de Seguros surge porque la ley de descolegiación de los abogados puso en manos de esa entidad el manejo de la fianzas notariales. La comisionada Angela Wayne Roig, expresó que no tiene objeciones a la aprobación de la medida.