El Senado acogió hoy, lunes, a viva voz un informe de una de sus comisiones que recomienda al gobierno de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa intensificar sus gestiones ante las autoridades estadounidenses y la comunidad internacional para que se releve a la Isla de la aplicación de las leyes de cabotaje. 

El informe de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social recomienda además que se solicite al Secretario de Justicia de Puerto Rico, que “ausculte la posibilidad de presentar una acción judicial en la jurisdicción federal a nombre del pueblo de Puerto Rico, por los daños ocasionados en virtud de la violación de derechos humanos y restricción al desarrollo económico que el pueblo de Puerto Rico ha sufrido desde hace noventa y cuatro (94) años, cuando se promulgó la Ley Jones de 1920”. 

Dicha Ley es la que impone a Puerto Rico la utilización obligatoria de barcos de bandera norteamericana en el tráfico marítimo entre la Isla y Estados Unidos. 

El informe, que es producto de una investigación realizada por la mencionada comisión que preside la senadora Rossana López, concluye que “el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberá adoptar como política pública, su inserción activa y permanente en la consecución de la liberación total de la aplicación de la Jones de 1920. Para esto debe utilizar todos los recursos del gobierno y comenzar de inmediato tal petición”.

El Senado recomienda a su vez “insertarse activamente y de igual forma que el Poder Ejecutivo del país, en la discusión y solicitud formal en Washington DC, sobre la eliminación total de la Ley Jones de 1920 y su aplicación a Puerto Rico, con todos los recursos y funcionarios que sean necesarios para lograr la derogación de la misma”. 

Para trabajar hacia ese objetivo propone específicamente establecer una Comisión Conjunta Permanente de la Asamblea Legislativa, con jurisdicción exclusiva en el tema de la Ley Jones de 1920.

Mientras se logra la legislación eximiendo a Puerto Rico de dicha Ley, se sugiere que el Gobierno solicite formalmente exenciones administrativas a la Ley Jones de 1920.

“La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberá, como poder constitucional, solicitar de igual forma la derogación de la Ley Jones de 1920 y su aplicación a Puerto Rico. Además, debe actuar en torno a la petición de exención temporal de la Ley, vía administrativa, tal como hemos discutido anteriormente”, dice el informe. 

“Para lograr esto, la Asamblea Legislativa deberá aprobar Resoluciones Concurrentes en las cuales se harán las peticiones formales al Congreso de Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Interna sobre la exención parcial temporal; además, el Senado de Puerto Rico deberá aprobar Resoluciones en apoyo a las gestiones que los estados y jurisdicciones de Hawái, Alaska y Guam están realizando en torno a la eliminación de la Ley Jones de 1920”, añade.

En el plano internacional la Comisión propone en su informe que se traduzca este documento al inglés y se envíe al Comité de Descolonización de las Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, “para que la situación sobre el grave problema económico y de vulnerabilidad que enfrenta la Isla y cual se incrementa a diario con la aplicación de la Ley Jones de 1920, sea considerado como un asunto de urgencia económica y civil de los puertorriqueños, así como una crasa violación al derecho de desarrollo, libre y sin trabas, de los pueblos”. 

También, indica, debe ser enviado este informe traducido al idioma inglés a todas las organizaciones que están compuestas por legisladores y gobernadores estatales y territoriales de Estados Unidos, y se deberá solicitar que estas aprueben Resoluciones de apoyo a las solicitudes de derogación, exención parcial o dispensa administrativa temporal de la aplicación de la Ley Jones de 1920.

“El Senado de Puerto Rico deberá continuar activamente laborando junto a las Asambleas Legislativas de los estados de Hawái y Alaska, así como con la del territorio de Guam en relación a la consecución de la derogación total y/o parcial de la Ley Jones de 1920. Lo anterior deberá incluir el proceso de cabildeo, con cualesquiera entidades nacionales e internacionales sean necesarias, para lograr la derogación total y/o parcial de la Ley, según sea el caso”, sostiene. 

En el citado documento también se incluyen varias recomendaciones que presentaron los diferentes ponentes en las audiencias públicas que celebró la comisión. Entre las que fueron acogidas por el organismo legislativo están establecer un frente común entre sectores económicos, sociales y políticos del país, para solicitar formalmente al gobierno de Estados Unidos que exima a Puerto Rico de las restricciones anti-competitivas de la Ley Jones. 

El informe de la Comisión senatorial, según destacó su presidenta, es el producto que los trabajos de investigación ordenados por la Resolución del Senado 237, para la cual se celebraron vistas en las que se recibieron sobre 40 ponencias y participaron 32 deponentes.

En su sesión de hoy el Senado aprobó además varias medidas, entre las que incluyó una originada en la Cámara de Representantes que obliga a las agencias gubernamentales de Puerto Rico a  cumplir en un plazo de 20 días con el envío de las aportaciones a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA).

También se aprobó una Resolución Conjunta que ordena al Secretario de Salud realizar enmiendas a la reglamentación aplicable a la práctica de la medicina radiológica para requerir que los informes de mamografías incluyan resúmenes que contengan datos sobre la densidad del seno del paciente e información sobre los beneficios que pueden representar el que se realicen pruebas suplementarias.

Otra resolución avalada ordena a las comisiones de Banca, Seguros y Telecomunicaciones y a la de Vivienda y Comunidades Sostenibles realizar una investigación sobre la posibilidad de establecer condiciones que permitan a miles de ciudadanos con hipotecas cuyo valor actual es menor que la deuda hipotecaria, también conocidas como Underwater Mortgage, ampliar las opciones legales y administrativas mediante acuerdos con los bancos y cooperativas que facilite refinanciar a las tasas de interés prevalecientes en el mercado actual, como paliativo a la crisis económica que enfrentan y eliminar el riesgo de la ejecución de sus hogares mediante la posibilidad de un pago mensual más bajo.

El Senado también aprobó la Resolución Concurrente de la Cámara 47, que es la que expresa el más firme apoyo a la determinación del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, de restablecer relaciones diplomáticas entre el gobierno estadounidense y el gobierno de la República de Cuba.