La sustentabilidad del Sistema de Retiro de los empleados públicos constituye uno de los problemas que con mayor premura deberá atender el gobierno de Alejandro García Padilla y que algunos de los miembros de su comité de transición dejaron entrever hoy que con llevará medidas difíciles y antipáticas.

David Chafey, miembro del equipo designado por García Padilla, advirtió que los primeros días del gobierno entrante serán cruciales, pues las agencias clasificadoras están pendientes de cómo la nueva administración manejará este problema.

"Es la situación más delicada que tenemos al momento. Es la situación más apremiante... Este es el tema de las agencias acreditadoras, y la presión que tenemos es que ellos quieren ver cómo manejamos esto en los próximos 60, 90 días. Esto es un problema que se ha creado en los últimos 40 años, y por la magnitud del mismo y cómo impacta políticamente también se ha retrasado el proceso de las medidas que hay que tomar", sostuvo el expresidente de Banco Popular durante una rueda de prensa tras recesar los trabajos de las vistas de transición.

Chafey no específicó qué alternativas se han considerado para atender la insuficiencia en caja de los Sistema de Retiro, pero dejó entrever que en el comité bipartita designado por el gobernador saliente Luis Fortuño para atender la situación se ha discutido la posibilidad de alterar algunos beneficios que reciben hoy los funcionarios como los bonos de Navidad y de verano, consignados mediante leyes especiales.

"Hay muchas ideas, muchas alternativas. Ninguna son fáciles, ninguna es agradable, pero la idea es, junto a la comisión bipartita, evaluarlas y ver cómo podemos hacer, minimizando el impacto a los más necesitados", expresó el ejecutivo.

"El gobernador electo ha sido muy claro en que los más necesitados no van a sufrir con estos cambios, pero el dinero tiene que aparecer de algún sitio, así que es importante. Un sacrificio tiene que suceder para que se logre traer más dinero al sistema", enfatizó Chafey.

Durante la primera parte de la sesión de los comités de transición hoy, miércoles, el administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, Héctor Mayol, destacó que las medidas tomadas por el gobierno de Fortuño alargaron la vida del sistema por siete años y medio.

De esa manera, Retiro tendría activos para responder por el pago de las pensiones hasta el 2021, y luego habría que establecer la manera en que se honraría esa garantía constitucional.

Entre las medidas tomadas este cuatrienio, figura la aprobación de una ley para aumentar la aportación patronal progresivamente hasta llevarla a 20.525% en diez años.

 También se le dio paso a una legislación para inyectar al sistema con $162.5 millones, que fueron invertidos en bonos de apreciación de capital de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA). Esta medida, según Mayol, generaría cerca de $1,600 millones.