Enmendar la Ley 54 para que parejas del mismo sexo y personas en relaciones no cobijadas por el matrimonio sean protegidas por el estatuto lo que haría es devolver el “espíritu original” de la pieza legislativa, tal y como se concibió en el 1989.

Esa es la posición de todas las organizaciones que se expresaron hoy a favor del proyecto de la Cámara de Representantes 488, que busca enmendar la Ley 54 para que toda persona esté protegida contra el maltrato físico y emocional que ocurra dentro de una relación sentimental, no importa su estado marital, orientación sexual o identidad de género.

“Nos parece que es hora ya de que se les haga justicia a las comunidades LGBTT y se proteja a todas las víctimas de violencia en nuestra isla con total independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado marital. No existen víctimas menos valiosos que otras”, dijo el licenciado Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE).

“La dignidad inviolable de todos los seres humanos no permite que se siga determinando cuáles víctimas merecen protección y cuáles no. Por ello, ante la determinación del Tribunal Supremo que trastocó el espíritu original de la Ley 54, nos parece que es urgente la aprobación del proyecto”, agregó el licenciado, al hacer referencia a la decisión del Supremo en el caso Pueblo vs. Leandro Ruiz Martínez de 2003.

Firme oposición al proyecto

En tanto, la Alianza de Juristas Cristianos, representada por su presidenta la licenciada Ivette Montes y el Centro Guadalupe Vida y Familia, por voz de su presidenta, la doctora Luisa Burgos Vázquez, se opusieron al proyecto.

Estas argumentaron que la Ley 54 como está siendo interpretada sirve a los mejores intereses de la ciudadanía en general. Y que las minorías, en este caso las personas de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transexual y tránsgenero (LGBTT), así como las que resulten afectadas dentro de una relación adúltera, tienen otros remedios jurídicos, como por ejemplo la Ley de Acecho, para defenderse.

Además, según estas organizaciones, la interpretación que se le ha dado al estatuto ha seguido la “intención legislativa” de proteger el matrimonio y las familias.

“Entendemos esta legislación contiene conceptos como orientación sexual y género o identidad de género, que hacen de esta pieza una defectuosa e inconstitucional por adolecer de vaguedad y peligrosa para los que queremos proteger la institución de la familia y el matrimonio. Dejando de lado la razón social original del presente estatuto que fue la protección de la institución familiar y la protección de la mujer”, manifestó la licenciada Montes.

Durante la mañana, la representante María Milagros Charbonier expresó su intensión de presentar una enmienda al proyecto, que pretende que la Ley 54 sea aplicable a toda persona y en cualquier circunstancia.

Charbonier indicó que presentará la enmienda en el hemiciclo una vez el proyecto se presente para la consideración del cuerpo “baje como baje”.

El proyecto presentando establece que se enmendaría el artículo 3.1 del estatuto para que lea de la siguiente manera “toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, excónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien se sostuviere o haya sostenido una relación consensual sin importar estado marital, orientación sexual o su identidad de género, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por esta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior”.

La representante pretende enmendar el artículo para que lea “en la persona con quien sostuviere una interrelación o convivencia doméstica intrafamiliar, para causarle daño físico...”.

A juicio de Charbonier, dentro del entorno familiar se dan muchas situaciones de violencia y esas víctimas también tienen derecho a ser protegidas.

La semana pasada en una vista del mismo proyecto el doctor César Vázquez hizo una recomendación similar.

El licenciado Burgos, portavoz de CABE, se expresó en contra de la enmienda de Charbonier ya que entiende mantendría el problema que ha llevado a la consideración de enmendar el estatuto hoy día.

“No estoy de acuerdo porque precisamente lo que pretendemos eliminar es que se abra a la interpretación de quién es esa persona que sostiene una relación intrafamiliar”, estableció Burgos antes de preguntarse, “además, ¿qué es una relación intrafamiliar?”.

Según Burgos, el lenguaje de la recomendación de Charbonier deja a la interpretación de un juez incluso si una persona está dentro de una relación sentimental.

“Me parece muy peligrosa en términos de su interpretación judicial”, subrayó.

Además de CABE, se expresaron a favor de la medida Olga Orraca, de la Coalición Orgullo Arcoiris; Thalia Nazario, de Humanistas Seculares; la licenciada Verónica Rivera Torres de Cladem y los licenciados Eva Prados y Josué González, de la Unión Americana de Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico (ACLU). A favor también se expresaron el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), el doctor José Toro Alfonso por la Asociación de Psicología de Puerto Rico y la Fundación de Derechos Humanos, la licenciada Ada Conde.

Restan dos vistas públicas del proyecto. La próximas fechas son el viernes, 19 de abril, y el miércoles, 24 de abril.