La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, denunció ayer que La Fortaleza incluyó en la agenda de la sesión extraordinaria un proyecto de ley que “despojaría” a los municipios de los dineros que tienen depositados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“Es una admisión de que había dinero de los municipios incautado y que ahora van a legalizar el robo”, sostuvo Cruz Soto.

 Indicó en conferencia de prensa, que el proyecto de ley autoriza la transferencia de “ciertos activos y obligaciones” del BGF a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Afaf) y crea un fideicomiso adicional al ya creado para proteger el dinero de los municipios. 

Además, autoriza a crear el gravamen estatutario que garantizaría dichos bonos, recalcular ciertas obligaciones municipales y autorizar ciertos desembolsos a los municipios por concepto del sobrante de la Contribución Adicional Especial (CAE). También dijo que obliga a los municipios a someterse al acuerdo y les quita la legitimación activa para cuestionar las transacciones en los tribunales.

“Esto legaliza el abuso contra los municipios”, sostuvo la alcaldesa en conferencia de prensa junto con el presidente de la Asamblea Municipal de San Juan, Marco A. Rigau y el representante a la Cámara, Luis Vega Ramos.

Cruz Soto dijo que el proyecto de la Administración número 47 no ha sido radicado, pero figura en la agenda de la extraordinaria que comienza el lunes.

La alcaldesa capitalina anunció que de aprobarse la medida, la impugnará en los tribunales y emplazó al gobernador Ricardo Rosselló y a los alcaldes novopogresistas a que le pidan a los legisladores “que no sean cómplices de ese nuevo atropello contra los municipios”.

 Indicó que actualmente, el Municipio de San Juan tiene depositados unos $189.9 millones en el BGF, mientras que el gobierno central sostiene que son $152.2.

Vega Ramos afirmó que combatirá la medida y dijo que si se aprueba “se acabó” la Ley de Municipios Autónomos.

“EL BGF ya hizo un acuerdo con los bonistas y esto es una amnistía a un banco que a nombre de los municipios les confiscó millones de dólares que los municipios no consintieron”, expresó para agregar que “quieren crear un cuarto pote, una mini cofinita (Cofina)”.

 Añadió que la medida “lo que hace es legalizar un delito ya cometido”.

“Creo que este proyecto tiene visos de inconstitucionalidad porque no le puedes negar el derecho a los ciudadanos de defenderse en los tribunales de una acción que les quita propiedad”, sostuvo para agregar que se trata de dinero que pertenece a la ciudadanía para la prestación de servicios.

Dijo que la medida se trae un viernes en la tarde a una sesión que esperan que el miércoles esté liquidada. 

Rigau señaló, por su parte, que la medida va en contra de la ley federal Promesa. “No tengo duda de que esto va a llegar al Tribunal Supremo y a la Corte Federal. Esto es una confesión del gobernador y su legislatura de que no pueden pagarle a los bonistas”, sostuvo.

“Quieren coger ese dinero de todos los municipios para pagar a los bonistas todas las obligaciones del gobierno central que no pueden pagar. Los municipios no son acreedores, son dueños de esos dineros y esta ley es para pasarle el dinero al gobierno central y pagar a los bonistas que financiaron la campaña del gobernador”, añadió.