Gamelyn Oduardo aún recuerda con temor aquel 13 de enero de 2011, día en el que más de 200 agentes de la Policía la embistieron contra él y otros estudiantes que participaban de la jornada a favor de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Es uno de los días que más se me marca en la cabeza. A veces me acuesto a dormir y veo a los oficiales de la Fuerza de Choque, una manada como de 300 corriendo contra nosotros”, recordó.

Ese día, como en otras ocasiones, los estudiantes organizaron una marcha en el interior del campus de Río Piedras en protesta por el cobro de la cuota especial de $800. Se organizaron cerca de la Facultad de Ciencias Sociales y, de inmediato, apareció la escuadra.

En un abrir y cerrar de ojos un grupo de oficiales con sus macanas estaban sobre él. “Me golpeaban y se gritaban entre ellos: 'Cógelo, cógelo'. Yo estaba pensando: '¿Dónde quedó el usted está bajo arresto?' En vez de policías parecían una ganga de delincuentes habituales, y en vez de ponerme bajo arresto, me golpeaban”, siguió contando.

Pero su arresto fue sólo el inicio, sostuvo ayer durante su ponencia ante miembros de la Comisión Investigativa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que se encuentra en la Isla para investigar serias violaciones a los derechos civiles en Puerto Rico.

Después, ya dentro de la perrera, como le llaman al vehículo donde viajan los miembros de la Fuerza de Choque, vino el trabajo psicológico. “Una vez allá adentro, comenzó el trabajo psicológico. Empezaron a decirnos que no valía nada lo que estábamos haciendo, que no valía nada la lucha que estábamos dando, entre otras cosas”, denunció.

Pero, ¿lo volvería a hacer?

Lo haría de nuevo, lo haría de nuevo mil veces... si quieren callarnos, van a tener que lanzarnos al sepulcro.

Oduardo no fue el único que compartió su experiencia. Hubo otros relatos de sucesos donde, se alega, hubo violaciones crasas de derechos civiles contra los estudiantes de la UPR que por el pasado año han luchado en contra de la imposición de la cuota y otras políticas que ponen en juego la educación pública.

Entre los exponentes hubo quienes denunciaron violaciones civiles durante sus arrestos, aplicación de técnicas de torturas y otros elementos de represión, y violación al derecho de libertad de expresión.

La ACLU, reconociendo la seriedad de los señalamientos y la poca cobertura de éstos a nivel internacional, decidió sacar de su tiempo e investigar las denuncias que no sólo incluyen la actual administración de Luis Fortuño.

José E. García Oquendo se querelló en contra de un patrón de persecución desde el 2005, cuando se impuso un alza en la matrícula, tanto por sus posturas ideológicas como por ser homosexual.

En febrero de 2008, dijo, fue golpeado por una patrulla de la Policía y “arrestado ilegalmente” mientras participaba de la huelga de la Federación de Maestros. El 21 de agosto de 2010, durante una intervención de la Policía en la avenida Universidad, la residencia donde vivía fue cercada por agentes de la Policía al percatarse de que allí estaban ayudando a las personas afectadas con gas pimienta y gases lacrimógenos.

“Me persiguieron por toda la urbanización Santa Rita... y me costó que, días después, yo cayera hospitalizado psiquiátricamente en el hospital Capestrano... todavía soy atendido por psiquiatras y psicólogos...todavía siento delirios de persecución”, dijo con la voz entrecortada.

La actividad se realizó en la Escuela de Derecho de la UPR. Los miembros de la Comisión escucharon atentamente cada relato para poder presentar un resultado dentro de uno a dos meses, dijo Anthony Romero, director nacional de la ACLU.

Romero les sugirió a los estudiantes que presenten querellas aun cuando entiendan que no serán atendidas, pues el Estado está utilizando la ausencia de éstas “como evidencia de que no hay nada mal acá en Puerto Rico”. “Es necesario plantear la historia”, apuntó.

Entre los miembros del panel está la actriz Rosie Pérez y el retirado pelotero de Grandes Ligas, Carlos Delgado.