Los universitarios puertorriqueños rechazaron hoy la ley de emergencia fiscal aprobada con el apoyo del Ejecutivo para hacer frente a los problemas de las cuentas públicas en la isla y respaldaron a los sindicatos de las corporaciones estatales dispuestos a dar la batalla por la derogación de la norma.

El Consejo General de Estudiantes (CGE) de la Universidad de Puerto Rico informó a través de un comunicado de que se opone a la implementación de la Ley 66 de Sostentabilidad Fiscal y Operacional del Gobierno y, por extensión, expresó su apoyo a los sindicatos de las corporaciones públicas.

"Esta ley se presenta como un intento para destruir los derechos adquiridos a través de la negociación colectiva. Como estudiantes entendemos que la realidad productiva del país tiene que estar atada a los mejores intereses de los trabajadores", indicó en el comunicado el representante de la Facultad de Humanidades ante el CGE, Jenaro Abraham.

"Descartar los convenios bajo excusas fiscales es atentar contra los derechos constitucionales de los trabajadores, especialmente cuando no se han tomado acciones contra los subsidios a las multinacionales", indicó Abraham.

La Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional permite el recorte generalizado de gastos en contratos y empresas públicas, revisar los convenios colectivos de los empleados públicos y recortar beneficios sociales.

Puerto Rico arrastra una deuda de más de 72,000 millones de dólares, una buena parte de la cual recae en las corporaciones públicas.