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Estudio determina violación de derechos a estudiantes del sistema público

Por Primerahora.com 07/16/2018 |06:14 p.m.
La Comisión de Derechos Civiles recalcó que Educación incumplió la responsabilidad básica de tomar en cuenta los intereses particulares de las comunidades y personas afectadas con el cierre de planteles. (Archivo)  
La Comisión de Derechos Civiles concluyó que el proceso de cierre de escuelas, llevado a cabo por el Departamento de Educación, lesionó el derecho a la educación.

Luego de una investigación que incluyó la participación de diversos componentes de la comunidad incluyendo a la Asociación de Maestros, el Comité Timón del Pleito de Clase de Rosa Lydia Vélez, numerosos padres y madres de estudiantes del sistema público  y la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, la Comisión de Derechos Civiles (CDC) concluyó que el proceso llevado a cabo por el Departamento con relación al cierre de escuelas lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas del sistema público.

“Tras realizar cuatro audiencias públicas concluimos que el proceso de cierre de escuelas fue uno desorganizado y sin la participación y orientación de los componentes de las comunidades escolares.  Esto es, a los y las estudiantes, a los padres madres y encargados, al personal docente, no docente y administrativo y a la comunidad en general”, señaló la presidenta del organismo público, Georgina Candal Segurola en un comunicado de prensa.  Según la presidenta, en el proceso no se consideraron las necesidades del estudiantado, ni se dio un peso adecuado al criterio de aprovechamiento académico, además de que se violentaron los derechos de los y las estudiantes de educación especial al no proveer la participación de sus padres, madres o encargados en el cambio de ubicación afectando así su proceso educativo.

En su informe, la Comisión recalcó que el Departamento de Educación incumplió la responsabilidad básica que tiene de que sus decisiones tomen en cuenta los intereses particulares de las comunidades y personas afectadas por sus acciones y de asegurar que las decisiones estén sustentadas por un peritaje articulado y después de llevar a cabo un proceso deliberativo democrático.

El mencionado informe, también incluye varias recomendaciones como el establecimiento de una moratoria de un año que permita un proceso ordenado mediante el cual se consideren las opiniones de los miembros de la comunidad escolar, incluyendo al estudiantado, a los padres y madres de estudiantes, a las maestras y maestros, al personal administrativo y al no docente, a la comunidad y a los alcaldes y alcaldesas en las determinaciones de qué planteles escolares deben cerrarse, cómo y cuándo se llevarán a cabo los mismos.

“La CDC presenta el informe sobre ‘El Cierre de las Escuelas por el Departamento de Educación’ en protección a los derechos humanos, a la educación de los niños y niñas de Puerto Rico y al derecho a la participación en asuntos públicos que tienen  los ciudadanos”, apuntó la otrora Jueza Superior en declaraciones escritas.

El mismo surge tras una investigación realizada por la Comisión luego de recibir una querella de parte de la Asociación de Maestros de Puerto Rico que dirige Aida Díaz.

Reacciona Educación

Por su parte, el Departamento de Educación emitió las siguiente declaración:

"Esta mañana el Departamento de Educación recibió el informe sobre el cierre de escuelas de la Comisión de Derechos Civiles.

Aunque de inmediato el documento aún está siendo evaluado por el personal de la Agencia, lo que nos impide hacer expresiones específicas sobre su contenido puntual, en el momento en que el Departamento compareció ante la Comisión, la posición del organismo con respecto a la controversia ya era clara. Aún así, el Departamento expuso sus argumentos.

La Agencia se reafirma en que ha estado implementando los procesos de transformación de acuerdo al plan y la logística que se había establecido a la luz de la realidad fiscal, de las necesidades de mejorar las condiciones y el ambiente académico y de optimizar el uso eficiente de los recursos del sistema.

El proceso estuvo basado en datos que fueron ponderados y respondió a la necesidad urgente de atender la consistente reducción en la matrícula que había producido una considerable despoblación de los planteles escolares.

Asimismo, el Departamento de Educación ha trabajado con sensibilidad para hacer ajustes en algunas determinaciones en las distintas etapas de la implementación de los procesos".

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