La defensa del suspendido alcalde, Héctor O’Neill, evalúa radicar una querella contra la activista  que increpó al  funcionario esta semana en un restaurante del área metropolitana.

Además,  insinuó que el suceso  protagonizado por una miembro de la Colectiva Feminista en Construcción, se pudo haber suscitado por encargo  por personas interesadas en que O’Neill abandone su escaño en la poltrona municipal.

En conversación telefónica con Primera Hora, el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo calificó como un “atropello” el incidente  que fue captado en un vídeo  y publicado en diversas redes sociales.

¿Su cliente considera  someter querella contra la persona?

Es una de las cosas que vamos a evaluar (en una reunión pautada para) el lunes porque no he podido hablar con él... pero a los ciudadanos hay que respetarlos aunque estén acusados, o bajo investigación de lo que sea, hay que respetarles su derecho, su intimidad, su derecho a la paz y eso no se puede permitir.

Monserrate Matienzo agregó que el acercamiento de la activista -que le reclamó a O’Neill tener un comportamiento inapropiado hacia las mujeres y lo llamó “agresor” y “macharrán”- se llevó a cabo de una “forma violenta, abusiva e ilegal”.

“Ahora nos hemos enterado que esa persona es una profesional en ese giro de acciones impropias e ilegales. Es de las que está en la universidad agrediendo a la gente y vociferando y hablando malo”, añadió sin mencionar nombre.

El reconocido abogado fue más allá y dijo que “esos profesionales se dedican a eso. Algunos por paga. Hay gente que les pagan para que hagan eso... los que están interesados que él (O’Neill) deje la silla de la Alcaldía pues, dicen, que hay gente que está usando ese tipo de cosas. Yo no sé...”.

Primera Hora trató de localizar a la activista Shariana Ferrer a través de la Colectiva, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

De otra parte, el abogado de O’Neill dijo que todavía está analizando qué curso de acción tomará  luego que la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI) suspendiera sumariamente al Alcalde, contra quien se llevan a cabo sendas pesquisas administrativa y criminal por posible violación a varios artículos del Código Penal, la Ley de Ética Gubernamental y la Ley de Violencia Doméstica.

“Estamos evaluando la petición de un descubrimiento de prueba”, dijo el abogado en referencia a fotografías, documentos, declaraciones juradas, entre otras.

Suspensión puede llegar al Apelativo

Héctor O’ Neill tiene hasta el próximo viernes para recurrir al Tribunal Apelativo para  solicitar que se revise la suspensión sumaria  que se le aplicó   el pasado miércoles a su función como ejecutivo municipal, tras una investigación   que lleva a cabo la Oficina del Panel Especial Independiente (OPFEI) ante la posible comisión de varios delitos, entre ellos una alegación de que cometió agresión sexual.

Así lo explicó a Primera Hora la presidenta del OPFEI, Nydia Cotto Vives, al indicar que tras notificada la suspensión sumaria el Alcalde, éste tiene 10 días calendario -incluyendo sábados, domingo y feriados- para apelar  la decisión ante un tribunal.

“Se haría mediante un recurso de revisión. También tiene la opción de pedir una reconsideración al panel expresando los fundamentos en que se apoya su solicitud”, dijo Cotto Vives.

Agregó que en la OPFEI están preparados para  “defender la acción del panel” en caso de que ese sea el curso de acción a seguir por parte de la defensa de O’Neill, quien está representado por el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo.

“En todo caso, presentaríamos nuestra posición  y quedaríamos a expensas de que el Tribunal resolviera y emitiera una sentencia”, dijo al aclarar que esta acción no detendría la pesquisa criminal ni la administrativa que lleva  el OPFEI.

De otra parte, Cotto Vives confirmó la contratación del abogado Rafael Sánchez como investigador de la pesquisa administrativa contra el suspendido alcalde.

Dijo que éste ya comenzó su labor y que tiene un periodo de 60 días para entregar un informe de los resultados de su investigación.

Este proceso es independiente de la investigación criminal que conducen los fiscales especiales independientes Guillermo Garau y Leticia Pabón, quienes tienen 90 días para rendir informe y radicar cargos contra O’Neill, si así lo consideran.