La ombudsman Iris Miriam Ruiz Class hizo un llamado a los ciudadanos a que utilicen la protección de la Ley 33 para cuando necesiten objetar cargos en la facturación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

En comunicado de prensa, Ruiz Class también emplazó a las dos corporaciones públicas a ser más enfáticas en orientar a sus abonados sobre los alcances de la mencionada ley, que permite objetar los cargos sin temor a que el servicio sea interrumpido.

Durante el tercer día de servicios en Plaza del Caribe bajo el Programa En Contacto de su oficina, la funcionaria reconoció que muchas de las situaciones que ha detectado el personal adscrito a dicha feria de servicios es que el ciudadano común no utiliza efectivamente los derechos contenidos en la Ley 33 del 27 de junio de 1985.

Ruiz Class dijo que ha recibido en la procuraduría a muchas personas que llegan después de acudir a las oficinas comerciales de las referidas corporaciones para indagar sobre cargos inusuales o cuantiosos que aparecen de repente en sus facturas. Relató que esos abonados se quejan que, en vez de recibir una orientación adecuada sobre el procedimiento de protestar los cargos, se les exhorta a pagarlos para evitar una suspensión inmediata del servicio.

“No sólo estamos hablando de garantías establecidas en una ley para un proceso justo y razonable de investigación sobre cargos inusuales en la factura. Nos referimos a derechos humanos que todos estamos llamados a proteger”, indicó Ruiz Class en declaraciones escritas.

Añadió que el abonado se siente presionado a acceder a este reclamo por temor a tener una suspensión, y optan por entrar en un acuerdo de pago sin siquiera iniciar el trámite para que la corporación referida investigue las razones para el sobrecargo.

La Ombudsman lamentó que los principales afectados por la falta de orientación sobre este recurso son principalmente los envejecientes y personas con impedimentos.

“Exhorto a Energía Eléctrica y Acueductos a que sean mucho más específicos en orientar a su abonados querellantes sobre las garantías que ha establecido la Asamblea Legislativa y refrendadas como ley por La Fortaleza, para atender sus reclamos sobre facturación”, sostuvo.

Ruiz Class recordó que para someter querellas en su oficina por problemas con servicios de entidades gubernamentales, los ciudadanos pueden llamar al (787) 724-7373.