El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), William Ramírez, pidió la intervención directa del gobernador, Alejandro García Padilla, en el caso de Maha Abdel Rahim, la profesora universitaria que fue arrestada la semana pasada luego de no entregarle su hijo de cinco años de edad a su padre, quien obtuvo la custodia física del menor.

Ramírez aseguró que las autoridades locales violentaron los derechos de la educadora cuando esta compareció a una vista en el Centro Judicial de San Juan sin representación legal. El representante de la organización de derechos civiles también encontró “insólito” que no se le ofreciera una fianza a la mujer, quien fue arrestada luego que se le radicara en ausencia un cargo criminal de privación de custodia, clasificada también como una “ofensa familiar” bajo las leyes de California, por no entregar el niño dentro de un marco de tiempo establecido para las partes.

El año pasado un juez de California le otorgó la custodia física del niño al padre, un inmigrante sirio, mientras que a la madre le permitió relacionarse con el niño durante verano y la época navideña.

No obstante, la profesora rehusó entregarle el niño al padre al alegar que el pequeño había sufrido de maltrato por parte de su progenitor. No se han podido confirmar las alegaciones de la madre.

“El gobernador puede exigir que algún funcionario atienda el caso” , indicó Ramírez.

La ACLU intentó radicar una moción el pasado domingo para solicitar la excarcelación de Maha, quien permanece ingresada en la cárcel de mujeres de Vega Alta. Pero un juez municipal no la atendió por carecer de la jurisdicción, y ayer tampoco se pudo ver la vista por haber sido un día feriado.

La ACLU espera poder presentar la moción hoy, martes, aunque para el próximo jueves, 17 de enero, se programó una vista a raíz de la extradición de Maha solicitada por las autoridades de California. Ramírez, además, subrayó que el gobernador podría paralizar la extradición para proteger a un ciudadano ante “abusos” por parte de otro gobierno estatal. La ACLU contempla pedir un aplazamiento de la vista de extradición.