El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) le exigió este martes al gobernador Alejandro García Padilla que se exprese sobre un supuesto pacto hecho entre representantes de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) para detener proyectos a favor de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (Lgbtt).

En una carta enviada al primer mandatario, el colectivo de organizaciones fue enfático al expresar que “si el Partido Popular Democrático y las instituciones de gobierno y legislatura no manejan esta situación, estarían permitiendo que un grupo de representantes decida por la mayoría y sabotee cualquier esfuerzo para hacer justicia a las comunidades LGBTT. Parecería, entonces, que la gente LGBTT es buena para organizar campañas, asesorar, pasquinar, levantar fondos y llevarlos a ganar elecciones, pero no para ser tratada con respeto y equidad”.

“En el proceso de aprobación del P. del S. 238 (actual Ley 22 del 2013) representantes como Brenda López y Roberto Rivera Ruiz de Porras fueron aliados de los grupos religiosos fundamentalistas e instrumentales para alterar el contenido original del proyecto. Al día de hoy esos representantes y algunos senadores que se opusieron a un proyecto de derechos humanos como era el P. del S.238, no han sufrido consecuencias por sus acciones. Este famoso pacto del cual se habla hoy levanta muchas preguntas. Inclusive, nos hace preguntarnos qué personas de las altas esferas del PPD lo avalaron y le dieron legitimidad”, expresó Amarilis Pagán Jiménez, portavoz del CABE, en declaraciones escritas.

Además de la carta enviada al gobernador en la tarde de hoy, martes, el colectivo de organizaciones está en proceso de enviar cartas similares al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime R. Perelló Borrás, y al portavoz de la mayoría en ese cuerpo, Carlos M. Hernández.

“Si bien otros representantes, como Vega Ramos, negaron que exista un pacto para detener proyectos de derechos de las comunidades LGBTT, este tipo de situación requiere que se exprese el presidente de la Cámara, pues es bajo su liderazgo que personas nombradas por él a comisiones y otros puestos de importancia están actuando y quedando impunes”, expresó otro de los portavoces del CABE, Osvaldo Burgos Pérez.

“El PPD tiene en su interior una minoría que se ha salido con la suya al entorpecer procesos legislativos históricos y no han sufrido consecuencias. Siguen ocupando la vicepresidencia de la Cámara, presidiendo la Comisión de la Mujer y la Equidad y ocupando otros puestos de importancia. ¿Hasta cuándo las estructuras de la legislatura, del gobierno y de los partidos seguirán premiando y perdonando estos atentados contra los derechos humanos de las comunidades LGBTT?”, concluye la carta enviada al primer ejecutivo.

El CABE está compuesto por la Coalición Orgullo Arcoiris, Comunidad de Osos de Puerto Rico, Proyecto Matria, Amnistía Internacional, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, el Comité contra la Homofobia y el Discrimen, la Clínica de Discrimen por Orientación Sexual y de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la UPR, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Puerto Rico Community Network for Clinical Research on AIDS (PR CoNCRA), la American Civil Liberties Union (ACLU), ICM Cristo Sanador, CLADEM de Puerto Rico, Fundación Gaviota, Taller Salud y personas en su carácter individual.