La expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres López, reclama una indemnización de $4 millones en una demanda presentada contra el gobernador Alejandro García Padilla por entender que fue removida de su puesto ilegalmente.

Al igual que otros funcionarios nombrados por la pasada administración que demandaron al gobernador a nivel federal por removerlos de su posición antes del término al que fueron designados, Torres López manifestó que tenía una expectativa de empleo hasta noviembre de 2015, dado a que fue nombrada en noviembre de 2009 por un término de seis años.

No obstante, el juez federal Juan M. Pérez Giménez le denegó la petición de la orden de restricción temporera, mas citó a las partes a una vista evidenciaria relacionada a la petición de interdicto (cese y desista) para el 7 de abril en su sala en el Tribunal Federal del Viejo San Juan.

"La corte encuentra que no hay daño irreparable en esta coyuntura. De acuerdo a las aseveraciones de Torres, el codemandado Rúa Jovet 'se presentó a la oficina de la JRT como nuevo presidente designado' el 1 de julio de 2013. Tras esperar ocho meses para buscar asistencia por su remoción como presidenta, la corte está segura que denegar la petición de Torres y preservar el estado actual de los asuntos, no representa ningún alivio en este caso", lee la orden del juez Pérez Giménez en relación a la petición de la orden de restricción temporera solicitada por la demandante.

En la demanda radicada por su abogado Fredeswin Pérez Caballero, la demandante alega que el 1 de julio de 2013, Javier Rúa Jovet -quien también es parte demandada- llegó a su oficina y le dijo que había sido designado como nuevo presidente de la JRT. A pesar de que no había recibido -ni ha recibido aún- una carta notificándole del cambio, para evitar confrontación, no lo retó y se ha mantenido como miembro asociado de la Junta.

"Es claro y evidente que la demandante fue sacada de su posición por los demandados dado a su afiliación política al Partido Nuevo Progresista PNP. Todos los demandados han actuado con malicia y temerario desprecio a los derechos constitucionales de Torres", lee la demanda, que indica que la designación de Rúa Jovet fue "ilegal y no oficial".

Agregó que ha sufrido humillación, angustia mental, ansiedad, estrés y depresión.

La expresidenta solicitó que sea reinstalada en su posición y que las acciones de los demandados sean declaradas inconstitucionales, además de una orden de restricción temporera y un interdicto preliminar y permanente, dado a entender que tiene derecho propietario de la posición.

El año pasado, los procuradores de las Personas con Impedimentos y del Veterano, Iván Díaz Carrasquillo y Agustín Montañez, respectivamente, demandaron al gobernador por razones similares y los jueces federales los reinstalaron en sus puestos. Igualmente, ocurrió con el presidente de la Comisión Industrial, Basilio Torres Rivera.